Desde este viernes 1 de diciembre, las más de 27.000 empresas medianas de entre 50 y 250 trabajadores que existen en España se exponen por ley a multas de hasta un millón de euros (desde los 10.000 euros en caso de infracciones leves) si no tienen activo un canal interno anónimo de denuncias que permita a sus trabajadores alertar de casos de corrupción o infracciones de cualquier otro tipo dentro de su empresa. Ahora bien, estas sanciones no podrán aplicarse en la mayoría de comunidades autónomas porque aún no se ha creado la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que ha de velar por esta ley y ofrecer un canal externo de denuncias.
La Ley 2/2023 entró ya en vigor el pasado mes de marzo y en junio entraron en vigor las multas para las empresas de más de 250 trabajadores (5.162 compañías en España). Pero estas multas, a la práctica, no se están aplicando por la inexistencia de esta autoridad. En las comunidades que ya cuentan con una oficina anticorrupción o antifraude, son estas entidades las encargadas de sancionar, aunque fuentes de la Oficina Antifrau de Catalunya apuntan que "en esta primera fase se lleva a cabo más una información que una actividad sancionadora".
Más allá de Catalunya, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Navarra también cuentan con oficinas anticorrupción que velarán por el cumplimiento de esta ley, si bien no todas cuentan con competencias para vigilar en el sector privado. El gobierno de Baleares tenía esta oficina hasta hace pocos días, pero la eliminó este martes acusándola de parcialidad.
La normativa viene a aplicar en España una directiva europea de 2019, que daba a los países miembros hasta diciembre de 2021 para aplicarla, y que pretende que los trabajadores que detecten ilegalidades en sus empresas se sientan seguros a la hora de denunciar. Llega, por tanto, con dos años de retraso a España, y las primeras sanciones se empezarán a aplicar al menos cinco años después de que la directiva marcara el camino.
La importancia del anonimato
El canal de denuncias interno ha de ser un software que garantice el anonimato del denunciante y cumpla unos requisitos, por lo que todo tipo de empresas, consultoras y especialistas en compliance compiten ahora por el hueco que aún tienen que llenar miles de empresas en España, sobre todo aquellas de menor porte que no pueden crear su propia estructura para afrontar las denuncias. Entre ellas está la consultora y firma de asesoría internacional Grant Thornton. Joan Saula, socio del área legal en España, explica a ON ECONOMIA que "ha habido bastantes peticiones" en los últimos meses, "pero no tantas como se podría presuponer con el hecho de que miles de empresas están obligadas a tener el canal".
Saula se muestra comprensivo con el hecho de que no exista aún autoridad para las sanciones aprobadas por la ley, "es habitual con regulaciones nuevas, que vayan pasando diferentes fases", y recuerda que "ha coincidido con la parálisis administrativa" tras las elecciones y las negociaciones por la investidura. El Gobierno español tiene de plazo hasta marzo de 2024 para crear esta nueva autoridad que depende del ministerio de Justicia.
En un webinar organizado por la empresa especializada en compliance EQS, Alberto Simón, de Informa, reconocía que "si no existe una autoridad sancionadora, no se podrá avisar de las infracciones". En el mismo webinar, Olga Fraga, de Deloitte, recordaba que "es fundamental garantizar el anonimato de los denunciantes así como hacerles saber quién va a tratar su denuncia para sentirse seguro" y recordaba que no es un canal "para reportar problemas personales en el trabajo que no deriven en infracción". "Si alguien denuncia al jefe que tiene a su lado, con el que toma café todos los días, no solo tiene un riesgo emocional, sino que también puede poner en juego su puesto de trabajo" añadía Fraga.
El miedo, de hecho, "a recibir un aluvión de quejas desproporcionado" es uno de los que exponen las empresas cuando abordan la contratación de este servicio, explica Saula, de Grant Thornton. "Después están viendo que no es así y se muestran satisfechas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que tiene una flota de 200 camiones, algunos con material inflamable, que sienten que con este canal los compañeros que detecten que algún trabajador consume alcohol u otras sustancias se siente más seguro para denunciar".
Aunque los whisteblowers o alertadores se asocian muchas veces a denuncias de corrupción o a violaciones de la ley como expusieron los casos de Edward Snowden o el ingeniero Hervé Falciani, que expuso en una lista a 130.000 potenciales evasores fiscales, la protección de los denunciantes permite también otro tipo de situaciones irregulares como el acoso laboral o sexual, estafas o delitos contra la salud pública y el medio ambiente. Aunque el objetivo de la ley es proteger a los denunciantes, debe ser también una herramienta contra la impunidad en las empresas.