Los sindicatos, contrarios a la opa del BBVA en el Sabadell, han hecho público sus cálculos sobre el número de puestos de trabajo que quedan en peligro si saca adelante la operación. Este lunes, ha sido el turno de la UGT de Catalunya que ha ido más allá y ha concretado cuál puede ser el impacto sobre el trabajo indirecto. Con un estudio encargado a la Universidad Autónoma de Madrid, el sindicato ha elevado hasta 30.000 los empleos que se pueden perder por la opa del BBVA al Banco Sabadell, teniendo en cuenta el empleo indirecto. Hay que recordar que en global los dos bancos dan trabajo en torno a 9.800 personas en Catalunya (4.000 el BBVA y 5.800 el Sabadell).
En las puertas de la decisión del Ministerio de Economía -que podría conocerse este martes-, la UGT de Catalunya razona que, aparte de los 10.000 puestos de trabajo que hay en riesgo para la afectación directa sobre la entidad sabadellense, se tiene que contar el empleo se puede destruir en las empresas que dan servicio al sector financiero, como los servicios de limpieza de las oficinas, seguridad, mantenimiento, logística, atención telefónica o servicios informáticos, que a menudo dependen del volumen de actividad interna; y la destrucción vinculada a la disminución del crédito global. "Hay evidencias bien documentadas de los riesgos que esta operación comportaría y no se observan beneficios sociales tangibles", ha apuntado a la vicesecretaria de la UGT de Catalunya, Cati Llibre. Por lo tanto, ha instado, una vez más, en que el Gobierno se oponga a la operación.
El informe recoge un análisis exhaustivo de los impactos económicos, laborales, sociales y territoriales de esta operación, elaborada a partir de datos propios, estudios encargados a la Universidad Autónoma de Madrid, e informes de organismos como el CTESC y el ACCO. El sindicato ha expuesto los principales argumentos que justifican la firme oposición de la UGT de Catalunya a esta operación, que consideramos perjudicial para el empleo, la competencia bancaria, la inclusión financiera y la cohesión territorial. Asimismo, se ha expuesto la cronología de las acciones emprendidas por la organización, en una rueda de prensa.
Además, el sindicato alerta de que la pérdida de empleo en este caso es especialmente grave porque afecta a un sector que históricamente ha proporcionado empleo estable, de calidad y con salarios medios por encima de la media. Eso implica que muchas personas afectadas tendrían más dificultades para reincorporarse al mercado laboral con condiciones similares. Las personas trabajadoras de edad avanzada o con trayectorias largas a la entidad podrían quedar especialmente desprotegidas. El informe especifica que los procesos de fusión a menudo se acompañan de planes de salida pactados (ERE, prejubilaciones, incentivos), pero eso no elimina los efectos colaterales sobre el conjunto de la plantilla ni sobre el mercado de trabajo local. Además, no se pueden ignorar los efectos desiguales de esta reestructuración: territorios como Catalunya o el País Valencià, donde el Sabadell tiene arraigo histórico, sufrirían proporcionalmente más el recorte de puestos de trabajo.
Asimismo, el informe alerta del "deterioro" de las condiciones laborales que puede haber si la operación prospera. "Este tipo de procesos acostumbran a generar entornos laborales más duros, con una sobrecarga de trabajo, más exigencia comercial y una pérdida progresiva de bienestar laboral," apunta. Libro ha asegurado que habría menos empleados para desarrollar el mismo trabajo, que provocaría una "disminución de la calidad del servicio" que se da a la ciudadanía y a las empresas.
Este tipo de dinámica ya ha tenido efectos visibles al conjunto del sector. Desde el 2008, España ha experimentado una caída muy acusada del número de trabajadores bancarios en relación con la población. Si en la zona euro la media de empleo bancario ha pasado de 697 a 504 personas por cada 100.000 habitantes, en España la reducción ha estado todavía más acentuada: de 601 a solo 335 personas. Este descenso sitúa España en quinta posición de los países con menos trabajadores bancarios por habitante de todo el continente. Este déficit estructural de personal afecta al conjunto del sistema financiero, pero especialmente a las personas que se mantienen en las entidades. La escasez de recursos humanos comporta una sobrecarga de tareas, objetivos inalcanzables y una pérdida de calidad tanto en la atención al cliente como en la misma experiencia laboral. En paralelo, crecen las presiones comerciales, la supervisión constante y las exigencias de rendimiento, con efectos nocivos sobre la salud física y mental de la plantilla.
Una reducción de 54.000 millones al crédito
Con respecto a las oficinas, se estima el cierre en Catalunya de entre 170 y 260, sobre un total de entre 600 y 900 al conjunto del Estado. La UGT también ha calculado que las oficinas de ambas entidades actualmente coinciden en 149 municipios donde vive el 82,7% de la población de Catalunya.
Sobre la reducción de la oferta de crédito, el sindicato ha avisado este lunes, en la misma línea que ya habían hecho otras voces del mundo económico, que más allá del impacto cuantitativo, la opa provocaría una pérdida de centros de decisión. "Habrá una deslocalización del poder económico y estratégico de Catalunya hacia Madrid", ha dicho Libro. "Catalunya vuelve a ser la gran perjudicada en un gran proceso de fusión, como ya pasó con las antiguas cajas catalanas", ha añadido.
El informe del sindicato asegura que la caída del crédito disponible podría ser de más de 54.000 millones de euros, con advertencias que en determinados escenarios podría llegar hasta los 75.000 millones, especialmente si se reduce la actividad en territorios considerados menos rentables. La afectación mayor sería para las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las familias con menos capacidad de ahorro. Estos colectivos tienen menos opciones de financiación alternativa y dependen más directamente de la banca tradicional para mantener su actividad.
En caso de que la opa prosperara, el sindicato ha defendido que la entidad resultante sería tan grande que, si tuviera "dificultades graves", exigiría la intervención de las autoridades públicas "para evitar el colapso". "Los estudios hechos demuestran también que la tendencia a crear entidades cada vez mayores no ha mejorado la eficiencia ni la capacidad del sistema para prevenir crisis, tal como se vio con la crisis financiera global del 2008", determina. Al contrario, advierte que se ha hecho más difícil identificar riesgos en fase inicial, y ha incrementado la opacidad y la complejidad de los balances. Finalmente, se acuerda de que las políticas públicas tendrían que perseguir objetivos de estabilidad e inclusión, no de escala y rentabilidad a cualquier precio. La creación de oligopolios financieros no es una solución a los retos económicos y sociales de la banca, sino un riesgo añadido que concentra poder y hace más frágil la democracia económica.