El Gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra la energía eólica marina en Estados Unidos. En su último movimiento, la Administración ha iniciado los trámites formales para revocar los permisos federales de construcción de los complejos eólicos New England Wind 1 y New England Wind 2, dos instalaciones planeadas frente a las costas de Massachusetts. La medida, contenida en un documento judicial y adelantada por agencias de información económica, representa un nuevo varapalo para un sector estratégico que se mantiene bajo asedio político desde el inicio del mandato republicano y que pone en jaque inversiones multimillonarias, entre ellas, las de la española Iberdrola.

La filial estadounidense del grupo energético que preside Ignacio Galán, Avangrid, se había adjudicado en 2018 el desarrollo de uno de los parques eólicos marinos más ambiciosos de la región noreste. El proyecto estaba valorado en 6.800 millones de euros y se enmarcaba dentro de una apuesta estratégica de la compañía por consolidarse en el mercado de Nueva Inglaterra. De hecho, Iberdrola ha inyectado en los últimos años cerca de 9.000 millones de euros en la zona y ha construido una cartera de proyectos offshore que alcanza los 2.800 megavatios. En conjunto, sus activos en territorio estadounidense superan ya los 40.000 millones de dólares.

Este bloqueo no es un hecho aislado, sino la continuación de una política energética claramente orientada a favorecer a los combustibles fósiles. Apenas llegó a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que congelaba de forma indefinida las nuevas concesiones para parques eólicos marinos, al tiempo que ordenaba una revisión exhaustiva de todos los procedimientos de arrendamiento de aguas federales.

La justificación oficial esgrimida por el Ejecutivo fue la necesidad de “proteger la industria pesquera nacional” y “garantizar el suministro de energía a precios asequibles para las familias americanas”. No obstante, críticos y analistas del sector señalan la evidente contradicción: mientras la eólica marina se enfrenta a moratorias y revisiones, las licencias para la explotación de petróleo y gas en aguas federales han seguido su curso con normalidad, e incluso con agilizaciones procesales.

El veto a los proyectos de Iberdrola se enmarca en un patrón más amplio de obstrucción. Solo en lo que va de año, las acciones legales y administrativas impulsadas por el Gobierno federal han logrado paralizar o retrasar al menos cuatro grandes proyectos eólicos en la Costa Este, incluyendo algunos que ya habían alcanzado un 80% de ejecución. La incertidumbre regulatoria se ha convertido en la principal amenaza para una industria que considera crucial la estabilidad jurídica para materializar inversiones a tan largo plazo.

De confirmarse definitivamente la retirada de permisos para New England Wind, el sector recibiría un revés significativo, no solo por el volumen de inversión afectado, sino por el mensaje de hostilidad que transmitiría a otros inversores internacionales. Para Iberdrola, en particular, supone un desafío a su estrategia de crecimiento en el que es, por tamaño, el mercado energético más grande del mundo.

Pese a la contundencia de la medida, la compañía española ha optado por transmitir un mensaje de tranquilidad. Fuentes internas aseguran que este posible parón no altera sus planes de crecimiento a medio y largo plazo en Estados Unidos, un mercado que consideran fundamental. Los mercados, por el momento, parecen darles la razón: la cotización de Iberdrola en bolsa mantuvo una notable estabilidad, sin reacciones bruscas, tras conocerse la noticia, lo que sugiere que los inversores ya habían descontado en el precio este tipo de riesgos políticos.