Los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional para analizar si hubo un presunto delito de estafa en la ampliación de capital llevada a cabo por el Banco Popular en 2012 mantienen que cumplió "con todos y cada uno de los requerimientos legales". Incluso concluyen que la operación fue “un éxito”. No obstante, advierten que la información facilitada a los inversores fue “escasa” y que las cuentas no cumplían con los requisitos del Banco de España por lo que se refiere a la clasificación y cobertura de las operaciones.
El documento de 210 páginas al que ha tenido acceso EFE, que fue elaborado por los técnicos tras la petición efectuada por el juez Santiago Pedraz en septiembre de 2022, analiza los activos adjudicados del banco, la adquisición del Banco Pastor, los recursos propios, el folleto de emisión de la ampliación de capital y si hubo o no perjuicio para los inversores.
En esta causa aparecen como investigados el expresidente del Banco Popular Ángel Ron; el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera, y el auditor de PwC José María Sanz Oliva, que revisó las cuentas de este banco correspondientes al ejercicio de 2012.
Entre las conclusiones más relevantes de los expertos del Banco de España destaca que "es un hecho que la ampliación de capital fue un éxito, ya que se suscribió por completo en el plazo previsto e incluso hubo sobredemanda de títulos".
La evolución del valor de la acción en los meses posteriores muestra que, en general, los inversores consideraron la operación muy beneficiosa, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima de la media del mercado, añade el documento.
A esta mejora de la imagen del banco contribuyó, sin duda, que se lograran, "en gran medida", los objetivos previstos, entre otros la mejora de las ratios de cobertura de riesgos y adjudicados, y dejar al banco en una posición saneada que le permitía obtener mejor rentabilidad, algo que veían con buenos ojos los inversores, prosiguen los expertos.
Con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los inversores, fruto de sus decisiones privadas de inversión, "acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión".
Información “escasa” a los accionistas
Por lo que respecta al folleto, los expertos matizan que la información facilitada sobre el plan de negocio fue "escasa", y se limitó a explicar "sucintamente" los resultados esperados en el trienio 2012-2014, sin incluir una cuenta de resultados completa y sin aportar detalles sobre "hipótesis o variables macroeconómicas en los que se basaba el plan, ni sobre la cobertura de la morosidad". De todo ello, sí se informó al Banco de España, pero no a los inversores.
Los peritos admiten que las cuentas anuales de 2011 y 2012 del Popular "no cumplían con el marco contable del Banco de España en lo relativo a la clasificación contable de las operaciones crediticias y su cobertura", algo que los expertos atribuyen al efecto de la crisis de 2008.
Las reclasificaciones a dudosos de 2012 fueron muy superiores a lo esperado, indican los peritos, y ya que esas previsiones se hicieron a finales de año, "hubiéramos esperado un mayor grado de acierto en la previsión"; una parte de dichas reclasificaciones, señala el documento, se hizo ya en 2013.
Pese a todo, el informe reitera que el Popular cumplió "con todos y cada uno de los requerimientos legales de capital durante el periodo analizado, 2011 y 2012".
Además de las querellas que investiga el juez Santiago Pedraz, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
Calama abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.