Santander es el banco con mayor litigiosidad de España. El banco que preside Ana Botín lidera este puesto desde que en 2017 absorbió al Popular, un hecho que provocó una oleada de recursos y pleitos por parte de accionistas, bonistas y clientes. Así, el 10% del total de las sentencias bancarias que hay en los juzgados a día de hoy son del Popular, pese a que ya han pasado casi seis años desde su caída.
Un estudio jurisprudencial elaborado por ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, pone de relieve que, durante el pasado 2022, hubo un total de 539 sentencias bancarias (sobre tarjetas revolving, cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, IRPH…) y 110 de ellas eran del Santander, por lo que sumó el 22% del total. Le siguió CaixaBank con otras 82 sentencias, el 15% del total y Bankinter con 78 sentencias más. Solo estas tres entidades acumularon casi el 52% del total.
Santander compró el Banco Popular el 7 de junio de 2017 después de que el Banco Central Europeo determinara que la entidad estaba en graves dificultades o era probable que fuera a estarlo. Como consecuencia de esta adquisición, el grupo está expuesto a un número importante de litigios, explica el propio Santander en su memoria anual. Por ejemplo, por operaciones con cláusulas suelo.
Cuando se aplica la denominada "cláusula suelo" en un préstamo, por ejemplo en una hipoteca, el cliente acepta un tipo de interés mínimo a pagar al banco con independencia de cuál sea el tipo de interés de referencia aplicable. De manera que solo beneficia a la entidad bancaria y perjudica al particular que ha solicitado el préstamo, porque cuando los tipos bajan o el interés es negativo, la cláusula impide que la cuota mensual baje.
Banco Popular incluyó cláusulas suelo en determinadas operaciones, pero después de pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo de España se declaró que son ilegales. De manera que la entidad realizó provisiones para devolver a sus clientes el exceso de intereses que les había cobrado por aplicar dicha cláusula entre la fecha de contratación de los correspondientes préstamos hipotecarios y mayo de 2013, cuando se declaró su nulidad.
El Santander heredó los litigios con cláusulas suelo de Popular y aún hoy, pese a atender la mayor parte de las solicitudes de clientes, el banco estima una potencial pérdida residual asociada a procedimientos judiciales en curso por valor de 60,1 millones de euros, que tiene cubierta con provisiones. El banco cántabro también arrastra desde la compra del Popular líos judiciales con los inversores del banco, por ejemplo, con los accionistas que acudieron a la ampliación de capital del Popular de 2012 y 2016. Asimismo, varios inversores han presentado recursos contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) y del FROB de resolver el banco.
También se presentaron numerosas demandas contra Banco Santander, alegando que Banco Popular facilitó información errónea y solicitando a Banco Santander la restitución del precio abonado por la adquisición de los instrumentos de inversión o, en su caso, las correspondientes indemnizaciones. Aunque no desvela cuántas demandas ha recibido hasta ahora, la entidad si detallan que el coste estimado de una “eventual compensación” a accionistas y obligacionistas de Banco Popular ascendía a 680 millones de euros en 2017. Y de estos, 535 millones de euros se aplicaron a la acción comercial de fidelización.
Esto son los bonos que el Santander ofreció a los accionistas minoritarios del Popular ese año para compensar la pérdida. Es decir, que los 145 millones de euros restantes son los que el Santander guarda para las indemnizaciones de aquellos que no aceptaron la acción de fidelización. Y apunta, “la Sentencia de 5 de mayo de 2022 del TJUE supone una disminución muy importante del riesgo asociado a estas reclamaciones”.
El 5 de mayo del año pasado, el TJUE dictaminó que los antiguos accionistas del Popular que adquirieron sus acciones antes de la resolución no pueden exigir responsabilidad a Banco Santander por la información contenida en el folleto ni una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, que diera lugar a la restitución de las cantidades invertidas y de los intereses devengados.
La banca apenas reduce los litigios en el último año
Con todo, el informe de ASUFIN muestra que de las 539 sentencias del año pasado, 54 eran exclusivamente de accionistas del Popular, el 10% del total. Por delante están las sentencias sobre tarjetas (23%), gastos de hipotecas (22%) e hipoteca multidivisa (18%). Y por detrás, de cláusulas suelo, que suponen el 5,4% del total. Las tarjetas revolving y los gastos hipotecarios suman cerca de la mitad del litigio bancario, destaca la Asociación.
Pese a que la banca sigue comprometiéndose a mejorar la relación con sus clientes y de hecho, el último año ha firmado un Código de Buenas Prácticas para proporcionar ayuda a todas aquellas familias que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca ante la rápida subida de tipos, no se han producido avances en la reducción de litigiosidad, que en 2022 permaneció prácticamente al mismo nivel que el año anterior.
Hubo 539 sentencias, como ya se ha comentado, pero un año antes fueron 543, lo que supone una disminución de apenas el 0,70% cuando en los últimos 4 ejercicios las caídas si habían sido más acentuadas, en concreto del 12,15%, del 29,72%, del 4,90% y del 46,92%.