En un plazo máximo de dos meses, antes del 15 de noviembre, la Cambra de Comerç de Barcelona tendrá un nuevo presidente. En qué empresario recaerá esta responsabilidad depende de la composición del pleno cameral que salga de las elecciones que finalizan este miércoles. Está claro que liderará la Cambra uno de los 60 vocales del pleno, de los cuales 52 se han escogido por sufragio, 6 los designan las organizaciones empresariales y otros dos corresponden a empresas que están dispuestas a pagar para tener voz y voto al pleno. En el nuevo mandato tienen que abonar un mínimo de 150.000 euros anuales, durante cuatro años.
Por lo tanto, ser escogido por sufragio es imprescindible, de aquí la grande pugna que mantienen, desde el junto pasado, los miembros de la candidatura Eines de País-Un en absoluto más y la de Va de Empresa, del empresario Josep Santacreu, que contribuyen a las elecciones. Imprescindible, pero no determinante. Como en cualquiera otro plebiscito, ganar por mayoría y con el mayor margen posible de votos, es esencial. En el caso de la Cambra de Comerç, todavía más. Por una parte, porque Eines de País-Un paso más ha conseguido electores que se presentan para cada uno de los 52 epígrafes, mientras que Va de Empresa ha agrupado 46.
Por otra parte, porque ante unos resultados muy ajustados, hay seis empresarios que tienen la llave del futuro de la institución. Son los representantes de las seis sillas que la Ley de Cámaras otorga a las patronales más representativas de su circunscripción, en este caso, Foment del Treball y Pimec. En las actuales elecciones, las dos organizaciones empresariales han consensuado, por primera vez en la historia reciente de las cámaras, una lista conjunta para compartir al 50% estas seis sillas. Por lo tanto, la noche de este miércoles y una vez cerrado el periodo de votaciones, si el recuento de votos deriva en un empate o mujer un resultado en que seis votos puedan ser determinantes, la presidencia de la Cambra estará en manos, por parte de Foment del Treball, de Anna Cornadó, presidenta de la constructora Coloza, compañía de la familia Cornadó y que había tenido en su consejo de administración al expresidente de la Cambra, Miquel Valls; de Ignasi Marull, socio-director de PWC, miembro del comité ejecutivo de Foment de Trabajo y vicepresidente del Círculo Ecuestre; o de Eloi Planes, presidente ejecutivo de la empresa familiar Fluidra, fundada por su padre. Se da el caso de que una de las empresas filiales de Fluidra, Cepex, se ha incorporado para optar a uno de los epígrafes en la lista de Va de Empresa. Mientras que, por parte de Pimec tendrán voz y voto Emma Gumbert, socia-fundadora de Emma Gumbert y abogada laboralista y vicepresidenta de Pimec; Martina Font, directora corporativa de Fuente Packaging Group, miembro de la junta de Pimec y también integrante del pleno de la Cambra; y Miquel Marti, presidente y consejero delegado de Moventia, la empresa de transporte urbano, interurbano y discrecional que dirige junto con su hermano Josep Maria.
En el trasfondo del acuerdo patronal está el objetivo de no rivalizar y unir esfuerzos por ser decisivos en la renovación de los órganos de gobierno de la Cambra de Barcelona, ante un hecho que no esconden: la intención de poder decir la suya en una institución primordial para la economía catalana en la cual tenían mucho a decir, hasta el 2019, cuándo se celebraron las últimas elecciones.
Los últimos comicios, la victoria recayó en Eines de País, una plataforma que impulsó la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para que el independentismo entrara a gobernar en las principales estructuras económicas de la Catalunya independiente que reivindica. Por lo tanto, en muchos círculos empresariales se da por hecho que, en caso de empate o de una victoria muy ajustada de una de las dos candidaturas, los votos patronales se decantarían por dar apoyo al mismo Josep Santacreu o a alguno de los miembros de su candidatura.
Las sillas de plata quedaron desiertas
En el baile de preferencias no contarán esta vez las dos vocalías correspondientes a las empresas que hacen una aportación económica. Ahora mismo, y hasta que no esté constituido el pleno cameral, el comité ejecutivo y la presidencia no se podrá abrir una convocatoria para recibir las candidaturas de las empresas de mayor aportación voluntaria. De hecho, el actual equipo de gobierno que preside Mònica Roca aprobó una convocatoria -entre el día 24 de mayo y el 7 de junio de 2023- que quedó desierta. El mismo equipo que, llegados a la institución ahora hace cuatro años, decidió reducir de 14 en 2 el número de vocalías por aportación voluntaria, lo que se conoce como 'sillas de plata', para considerar que no es democrático poder conseguir voz y voto en el pleno a cambio de una contribución económica, un aspecto que contempla la Ley de Cámaras. De todos modos, si entonces se podía acceder como miembro del pleno con una aportación mínima de 75.000 euros anuales, a partir de ahora, si sigue gobernando Eines de País, el importe ha subido a 150.000 euros.