Las finanzas de las comunidades autónomas no terminarán el año 2026 con las cifras que preveían el Gobierno y la AIReF. Según las estimaciones que Fedea ha hecho públicas este viernes, el conjunto de las comunidades cerrará el ejercicio con un desequilibrio del 0,4% del PIB, un dato que multiplica por cuatro el 0,1% que figuraba en las previsiones oficiales. El informe, firmado por José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz y Carmen Marín, señala que esta desviación se producirá a pesar de que los ingresos de las regiones crecerán con fuerza, y la vincula directamente al empuje del gasto público.
Los autores del documento, incluido en el último número del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, van más allá y alertan sobre el efecto que esta desviación podría tener sobre el conjunto de las administraciones. Si el resto de subsectores cumplieran las proyecciones de la AIReF, que calcula un déficit global del 2,8% del PIB partiendo de un 0,1% autonómico, el desfase de las regiones haría superar el 3% del PIB al total de las administraciones públicas. Hay que tener presente que el 0,4% proyectado coincide con el cierre de 2025, de manera que el desequilibrio se mantendría sin corrección.
Un crecimiento de los ingresos que no compensa el gasto
La proyección parte de los datos de ejecución que la Intervención General de la Administración del Estado ha publicado hasta julio de 2026. En este momento, las comunidades presentaban un saldo negativo de 429 millones de euros en términos de Contabilidad Nacional, una cifra que representa el 0,02% del PIB y que mejora ligeramente el resultado del mismo mes del año anterior, cuando el desequilibrio alcanzaba los 1.668 millones, el equivalente al 0,10% del PIB. Hasta julio, los ingresos no financieros habían aumentado un 6,6%, unos 10.235 millones más, empujados por los recursos del sistema de financiación autonómica, mientras que los gastos no financieros subían un 5,7%, 8.996 millones, por encima del 3,5% que marca la regla de gasto. Fedea pone el foco en la evolución de algunas de las partidas principales de consumo público.
La remuneración de los asalariados se ha incrementado un 7,1%, los consumos intermedios un 4,9% y las transferencias sociales en especie un 5,3%, mientras que los intereses han subido un 9,8%. Según los cálculos del centro de estudios, si el gasto de las regiones hubiera seguido una trayectoria moderada de acuerdo con la regla del 3,5%, el subsector habría cerrado el 2026 con un ligero superávit del 0,1% del PIB. De cara al periodo comprendido entre agosto y diciembre, el estudio calcula un efecto diferencial positivo en los ingresos de 5.457 millones de euros, el 0,3% del PIB, respecto al mismo tramo de 2025.
Este incremento se explica sobre todo por el aumento de las entregas a cuenta, que aportan 5.155 millones, y por un efecto neto de 302 millones derivado de la evolución del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, en Canarias, que recauda menos. En cuanto al gasto, la proyección apunta a un efecto diferencial total de 6.544 millones, el 0,4% del PIB. Esta cifra resulta de sumar 5.832 millones por la evolución del gasto corriente y los intereses, restar 118 millones por el ajuste de la subida salarial retroactiva contabilizada en diciembre de 2025 y añadir 830 millones por operaciones extraordinarias que la AIReF ha identificado y que afectan a Andalucía, el País Valencià, Canarias y Extremadura.
Nueve territorios con déficit y ocho con superávit
Las previsiones muestran una gran disparidad entre territorios. Nueve comunidades terminarán 2026 en negativo y ocho lo harán con superávit. Los mayores desequilibrios corresponderán al País Valencià, con un déficit del 1,8% del PIB que incluye el impacto de la DANA, y a Murcia, con el 1,6%. A continuación se sitúan Catalunya, con el 0,8%; el País Vasco, con el 0,7%; Canarias y La Rioja, ambas con el 0,5%; Andalucía y Aragón, con el 0,2% cada una, y la Comunidad de Madrid, con el 0,1%. En el otro extremo, Navarra encabeza las regiones con saldo positivo gracias a un superávit del 2,3% del PIB.
Le siguen Galicia, con el 0,4%; Asturias, con el 0,3%; Extremadura, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, las cuatro con el 0,2%, e Illes Balears, con el 0,1%. Los investigadores concluyen que, con la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas, España debe afrontar un proceso exigente de consolidación fiscal y de reducción progresiva de la deuda en el que las comunidades deberán participar mediante una gestión más rigurosa, la racionalización de las políticas y una disciplina más elevada del gasto. En este sentido, advierten que el aumento de los ingresos no es suficiente por sí solo para mejorar los saldos presupuestarios.