En el marco de su intervención en un acto informativo en Madrid, el Lehendakari Imanol Pradales se ha referido a la opa que el BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell, una operación que se encuentra en su semana decisiva y que está captando la atención de los mercados financieros nacionales e internacionales. El jefe del gobierno vasco ha manifestado, con claridad y contundencia, que ha llegado el momento en que "decidan los accionistas".
En este sentido, Pradales ha defendido la naturaleza privada de esta operación entre entidades financieras, subrayando que "deben ser los accionistas quienes decidan". Y ha añadido, para dejarlo aún más claro que "es el momento de los accionistas. Lo estamos viendo precisamente ahora. Deben tomar las decisiones que entiendan adecuadas para sus intereses". Esta declaración pone el acento en el respeto a los mecanismos de gobierno corporativo y la libre decisión de los inversores, en un contexto de gran expectación.
Más allá de la transacción concreta, el Lehendakari ha aprovechado el altavoz para situar el debate en una perspectiva más amplia y estratégica. Señala que es "obvia" la necesidad de una "cierta consolidación" dentro del sector financiero europeo. Se trata, según sus palabras, de una realidad que "nadie pone en duda", y argumenta esta posición basándose en la imperiosa necesidad de disponer "de un sector financiero fuerte y competitivo en el conjunto de la Unión Europea". Esta fortaleza, insiste, es especialmente crucial en un contexto geopolítico actual que calificó de "tan complejo", donde la estabilidad y la capacidad de inversión de los bancos se convierten en un pilar fundamental para la soberanía económica del continente.
El Lehendakari ha detallado algunos de los retos que justifican esta consolidación: "Hay necesidad de inversión a escala muy importante en el ámbito de la energía, de las tecnologías. Necesitamos, por lo tanto, operaciones de consolidación financiera". De esta manera, ha conectado explícitamente la salud del sector bancario con las grandes transiciones que enfrenta Europa, como la verde y la digital, que requieren ingentes recursos que, a menudo, solo las entidades de gran tamaño pueden movilizar.
En relación directa con el BBVA, Pradales ha querido transmitir un mensaje de colaboración y confianza. Afirma que la relación que mantiene el Gobierno Vasco con la entidad, así como su relación personal, es "excelente". "Tenemos una relación institucional muy buena", asegura, "y creo que estamos intentando, tanto el presidente del BBVA como yo, como Lehendakari, que la aportación que haga el BBVA en el territorio vasco sea cada vez más relevante y más importante".
Ha especificado que esta aportación se concreta en "términos de apoyo al tejido empresarial, al cliente minorista y de apoyo a las transformaciones que se están intentando llevar a cabo en el conjunto de la economía vasca". Estas declaraciones reflejan una visión de una entidad financiera como actor clave en el desarrollo económico y social del territorio.
En cuanto a las consecuencias de la operación, el Lehendakari se ha mostrado optimista. Ha manifestado su creencia de que el resultado de la opa, "que pueda salir en los próximos días, será positiva para Euskadi". Y, en un gesto de voluntad integradora y de reconocimiento de la importancia de Catalunya, ha añadido que espera "que sea positiva también para Catalunya". "Veremos lo que sucede en los próximos días", ha comentado, mostrándose expectante ante el futuro inmediato.
Finalmente, Pradales ha apelado a la sensibilidad en la gestión de este proceso: "Y quiero pensar que se abordará con la sensibilidad necesaria tanto para Euskadi como para Catalunya. Eso es lo que yo creo que sucederá". Y ha concluido su intervención reafirmando los objetivos de su gobierno: "Y, por supuesto, nosotros lo que tenemos claro es que necesitamos contar con una mayor inversión, arraigo y, de alguna forma, favorecer más capacidad financiera en Euskadi y para ello un actor como el BBVA es fundamental".
Sobre las cuestiones de ámbito operativo y competencial que puedan afectar a la sede social u otros aspectos críticos, el Lehendakari ha puntualizado que estas recaen directamente en las manos del gobierno español, delimitando así las responsabilidades institucionales en este complejo proceso.