La dirección de Nestlé Espanya ha reunido este martes a todos los comités de empresa de sus centros de trabajo en España para comunicar que pone en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) para 301 puestos de trabajo, de una plantilla de 4.158 personas. La medida se enmarca en el plan de despidos que afectará a 16.000 trabajadores, equivalente al 6% de su plantilla mundial, en los próximos dos años. La reestructuración se anunció hace seis meses, después de que el ejecutivo español Pablo Isla tomara posesión de la presidencia de la multinacional suiza.

La multinacional no ha desglosado los despidos, pero ha concretado que serán en las áreas de oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y en los centros de producción de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona. Nestlé España tiene plantas en Bilbao, Esplugues de Llobregat, Girona, Guadalajara, La Penilla, Las Palmas, Madrid, Miajadas, Pontecesures, Reus, Sevilla, Sevares y Toledo. 

El grupo argumenta que la medida quiere adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo. Menciona los cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de "focalizarse en las marcas estratégicas, mediante la automatización y la digitalización de procesos, para asegurar la viabilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo".

El sindicato UGT, con representación en los centros de trabajo de Girona, considera que "este recorte masivo de empleo es injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable, especialmente en el contexto de una empresa que mantiene una posición de liderazgo mundial en el sector alimentario y continúa generando beneficios multimillonarios". 

Los trabajadores recuerdan que, mercados clave como España, "Nestlé mantiene un rendimiento sólido, con crecimiento sostenido, inversiones récord y un fuerte impulso de la innovación y las exportaciones". El último año, Nestlé España facturó 2.894 millones de euros, impulsada por el incremento de las ventas en el mercado nacional, que alcanzaron los 1.619 millones (+4,8%), y por el crecimiento de las exportaciones, a la vez que registró la inversión más alta en los últimos diez años, 96 millones de euros.

"Estos datos demuestran con claridad que no estamos ante una empresa en crisis, sino ante una organización altamente rentable que ha optado por trasladar el coste de su estrategia a su plantilla", recuerdan desde UGT. Los trabajadores ven que la dirección justifica estos despidos en nombre de la “eficiencia” y la “transformación organizativa”, pero que se está priorizando la rentabilidad financiera a corto plazo por encima de la estabilidad laboral y familiar de miles de trabajadores".

La empresa insta a constituir una comisión formada por 13 representantes sindicales, convocando esta comisión el próximo 6 de mayo de 2026, para abrir las negociaciones.