El juzgado Mercantil número 2 ha desestimado la denuncia de JustEat, que pedía una indemnización de 295 millones de euros a Glovo por competencia desleal, y avala su modelo de repartidores autónomos. JustEat tiene 20 días para presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. 

La sentencia interpreta que la empresa dirigida por Oscar Pierre ha actuado "siempre dentro de la legalidad" y que los contratos de la plataforma desde el año 2019 "garantizaban la autonomía de los repartidores respetando a la conocida como Ley Rider que, también, permite la prestación de estos servicios en régimen autónomo".

El juicio se celebró entre los días 17 y 20 de junio y JustEat denunciaba que Glovo obtenía ventajas competitivas utilizando la contratación de "falsos autónomos" mientras JustEat cumplía la ley Rider con repartidores contratados en régimen laboral y que les resultaba mucho más costoso.

La justicia cree que Glovo ha respetado la ley Rider de 2021 y, por lo tanto, lleva también la contraria al ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, que a través de Inspección del Trabajo sancionó al principio del año pasado la compañía para incumplirla y seguir trabajando con lo que consideran "falsos autónomos".

El magistrado considera que los modelos de Just Eat y Glovo son diferentes, porque Just Eat solo cuenta con un 20% de su negocio en el reparto a domicilio, al revés que Glovo, y no existe, por lo tanto, competencia desleal. "En Just Eat y Uber Eats tienen un peso decisivo el precio, las promociones y descuentos y la mala experiencia con Glovo. En cambio, los usuarios de Glovo destacan la experiencia de la app, la variedad de servicios y otros factores relativos a la experiencia, siendo residual aquello relativo al precio," desarrolla la sentencia para validar que son modelos de negocio diferente.

El juez se pregunta "cuál es la razón por la cual no se permite escoger a los trabajadores la forma en que dar el servicio a la plataforma", aunque dice que no lo tiene que hacer acondicionado. "Muchos trabajadores prefieren el trabajo autónomo porque les permite prestar el servicio a su conveniencia", añade.

Además, relata un diálogo con una inspectora de trabajo que afirmaba que era imposible que un repartidor trabaje como autónomo "aunque la ley Rider así lo establece", y asegura que "en todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, "el mundo de ayer" administrado y burocrático".

La Ley Rider, aprobada en agosto de 2021 a iniciativa de Díaz, establecía una presunción de laboralidad para los repartidores que hacía que la empresa tuviera que demostrar que los autónomos no dependían de la empresa y estaban sometidos a su jerarquía.

A raíz de la aprobación de la ley, después de años de quejas de los sindicatos, Deliveroo abandonó España. Glovo siguió operando con autónomos, pero otorgándoles autonomía horaria y capacidad para fijar los precios del servicio con el fin de garantizar que son autónomos.

No obstante, el Gobierno ha seguido poniendo multas y sanciones en la empresa, que no solo acumula 205 millones en estas sanciones, sino que además tiene una deuda de 200 millones más con la Seguridad Social por las cotizaciones de los autónomos.

El pasado mes de diciembre, la empresa anunció que contrataría a sus trabajadores y finalmente a principios de julio contrató a 14.000 trabajadores y anunció que colaborar como autónomo ya no era una opción. La contratación se concretó pocas semanas después de hacerse una foto con el presidente del Gobierno, Salvador Illa, y los principales líderes sindicales de Comisiones Obreres y UGT durante un acto por el 10.º aniversario de la compañía.