CaixaBank es una de las ‘afectadas’ por el impuesto gubernamental extraordinario con el que el Ejecutivo español espera obtener 3.000 millones de euros en dos ejercicios. De cara al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, la banca es uno de los sectores que está sacando tajada de una situación compleja para la economía internacional, marcada por las progresivas subidas de tipos de interés dadas para frenar la incesante inflación. Pese a que el endurecimiento monetario es una losa para todas las compañías, las entidades bancarias, por el momento, no están notando el efecto negativo que las subidas de tipos están haciendo a otras empresas.

De hecho, nada más lejos de la realidad, las variaciones monetarias están beneficiando al negocio de los bancos, entre los que se encuentra CaixaBank. La entidad bancaria catalana, una de las que más ha crecido en los últimos ejercicios, y la que más clientes tiene en España, tiene que afrontar un pago de 400 millones de euros por ejercicio, una cantidad que, de cara al banco, no debería pagar. Y con esas, CaixaBank, como el resto de entidades afectadas por dicho tributo, ha decidido recurrir el impuesto extraordinario del Gobierno de España. Entienden que no tiene lógica y, además, el CEO de la compañía, Gonzalo Gortázar explicó durante la jornada de ayer que “hay motivos de peso para recurrir el impuesto”, tal y como informó ON ECONOMIA.

El Gobierno de España está presente en CaixaBank

Pese a ello, y naturalizando que CaixaBank, como el resto de los bancos afectados por el tributo, ha recurrido el impuesto gubernamental al entender que es injusto, este cuenta con un ‘hándicap’ que no tienen el resto de sus homólogos. Y es que, el FROB (Fondo de Restauración Ordenada Bancaria) es el segundo máximo accionista del banco con el 16,1% del capital. Dicho de otro modo, entre los principales accionistas de CaixaBank figura una institución que pertenece al Ministerio de Economía y Empresa, es decir, al Gobierno español.

Por lo que parece, a CaixaBank no le ha pesado la presencia del FROB en su capital a la hora de recurrir el impuesto. El escenario es que la entidad presidida por Goirigolzarri ha recurrido un impuesto gubernamental contando con que el segundo máximo accionista de la empresa es un ente del Gobierno español.  

Recurrir el impuesto, una “obligación” para CaixaBank

Pese a ello, este miércoles, el presidente de CaixaBank ha asegurado que todos los accionistas del banco entienden la decisión adoptada por la entidad, ya que recurrir el impuesto extraordinario es una “obligación” de la firma bancaria. Desde un inicio, todos los bancos ‘damnificados’ por el tributo gubernamental mostraron su disconformidad por la medida adoptada por el Gobierno de España al entender que es un “impuesto arbitrario e injusto”, como en su momento dijeron Oliu (Banco Sabadell) o Dancausa (Bankinter).

CaixaBank está en una línea similar a la de sus homólogos, ya que entiende que dicho tributo no tendría por qué aplicarse sobre las entidades bancarias. Como fuere, su caso es distinto, porque el segundo máximo accionista de la compañía es precisamente el propio Gobierno de España. Aun esto, Goirigolzarri ha explicado que la decisión ha sido tomada por el consejo de administración por deber fiduciario, pues este órgano debe velar por el interés de todos los accionistas, incluido el FROB.

Preguntado por la presencia del organismo estatal en el accionariado de CaixaBank, Goirigolzarri ha comentado que “espera y estoy seguro de que la decisión la entienden todos los accionistas”.

El FROB figura en el banco desde noviembre de 2021

El FROB figura como segundo máximo accionista de la entidad catalana desde el 12 de noviembre de 2021, fecha en la que CaixaBank absorbió a Bankia, la cual estaba en una tesitura compleja. A partir de ahí, el Gobierno de España entró en el accionariado de una compañía que, en los últimos años, ha vivido un crecimiento comercial positivo, aupado en gran parte por el momento del sector bancario, en el que la demanda se ha mantenido constante, pese a que en 2022 se recrudeció la coyuntura económica.

En cuanto al FROB, a finales de 2022 se conoció que el organismo público prolonga su estancia en dicha compañía hasta diciembre de 2025, al entender que así “se asegura una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de recuperación de la participación del Estado español y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general”.