A la banca le toca rendir cuentas con Hacienda en solo unos días. Está previsto que las entidades afectadas por el nuevo impuesto -o la prestación patrimonial como prefiere llamarle el Gobierno español- empiecen a pagar este mes de febrero. Cada banco abonará una cantidad distinta, pues el tributo grava el 4,8% del margen de intereses más las comisiones de los resultados obtenidos en 2022. Así que los más grandes, por tamaño y por resultados, serán los que más paguen.
A la cabeza CaixaBank, que aunque no ha presentado todavía los resultados anuales (lo hará el viernes 3 de febrero) ya adelantó hace unos meses que su factura ascendería hasta los 450 millones de euros. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri será, por tanto, el que más pague al Estado, que además es su segundo mayor accionista con casi el 17% del capital.
Le seguirá el Banco Santander que -entre las grandes entidades- ha sido la única que no ha adelantado cuánto le tocará pagar, sin embargo, los analistas ya han hecho los cálculos. Credit Suisse, por ejemplo, dice que pagará 300 millones de euros solo este año. Hay que recordar que la banca pagará el impuesto también en 2024 conforme a las cuentas de este 2023 y que el objetivo del Gobierno español es recaudar 1.500 millones aproximadamente cada ejercicio.
BBVA será el tercer banco que más pague, unos 250 millones de euros, según adelantó el consejero delegado del grupo, Onur Genç; Sabadell, que ya ha presentado las cuentas anuales correspondientes a 2022 ha dicho que exactamente pagará 170 millones de euros este año y el que viene, aún más. Pues prevé que el margen de intereses suba conforme lo hagan los tipos de interés.
Bankinter también ha presentado ya resultados anuales y ha dado una horquilla más amplia, dice que pagará entre 80 y 100 millones cada año. El gravamen también afecta a las entidades medianas, como Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar. De todas ellas, la única en dar una cifra concreta -hasta el momento- ha sido Abanca durante la presentación de resultados. Su presidente dice que pagarán este año 50 millones de euros.
La factura de las seis entidades de las ya hay datos asciende, por tanto, a 1.320 millones. El resto, hasta llegar a los 1.500 millones – unos 180 millones más- estará repartido entre Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar. Los bancos deberán realizar el pago en los primeros 20 días de febrero, según ha revelado Hacienda, que permitirá fraccionarlo con un segundo pago en septiembre. Entre tanto, el sector recurrirá.
Todo el sector rechaza el impuesto y recurrirá
Todas las entidades afectadas, sin excepción, han confirmado que pagarán el día que les corresponda pero también que lo recurrirán al día siguiente. Los bancos y las patronales están ultimando los recursos que llevarán a los tribunales, al igual que las empresas del sector energético, que también se han visto perjudicadas por el nuevo gravamen aprobado en la recta final del 2022.
En el sector financiero, el último el pronunciarse ha sido el presidente de Abanca. Lo hizo el viernes, durante la presentación de resultados de 2022. Juan Carlos Escotet dice que el impacto en sus resultados (de 50 millones) es “relevante y naturalmente la van a recurrir en el debido momento por considerarlo claramente anticonstitucional”. También cree que pone a la banca en desventaja porque tiene efecto en la concesión de crédito y les aleja de las mejores prácticas europeas.
Solo un día antes que el presidente de Abanca se quejó César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell. Cree que el impuesto sigue sin justificarse pese a los resultados. “Seguimos por debajo del coste del capital y la rentabilidad está por debajo de otros sectores, no se justifica”. El banquero asegura que todas las entidades están estudiando recurrirlo y recordó que la banca se encuentra ante dos normas contradictorias, porque la europea dice que es infracción grave no repercutirlo en el cliente y el gobierno español, lo contrario. De hecho, prevén imponer multas. “Alguien debe aclarar cuál de las dos normas es prioritaria”.
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, insiste en que el impuesto es “injusto, arbitrario y confiscatorio”. Defiende que la banca paga ya más impuestos que otros sectores y que los tributos “deben ser objetivos y justos, dejando de lado los temas sociales”, reprendiendo así que el Gobierno les haya pedido arrimar el hombro ante la subida de tipos.
Desde julio, cuando se anunció el impuesto, todos los banqueros lo han criticado. Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank cree que es distorsionador de cara a la competencia porque solo afecta a determinadas entidades, las grandes. Y además deja fuera a las filiales extranjeras que tienen sucursales en España, que no alcanzan los ingresos mínimos que se van a gravar. “No tiene sentido económico”.
El de BBVA, Onur Genç, asegura que el impuesto a la banca “va a frenar el crecimiento en España". Mientras que Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, afirma que es “muy probable” recurrir en los tribunales porque en los términos planteados, la justicia les dará la razón.