El Gobierno ha aprobado limitar al 4% el alza de los peajes para 2023. Las concesionarias pretendían subir las tarifas en once autopistas de pago para el próximo año hasta un 8,4%, en línea con el aumento de la inflación y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas. Finalmente, el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez subvencionará parte de la subida de precios abonando 23,3 millones de euros en compensación a las empresas concesionarias afectadas por el límite acordado.
La subida de precios se llevará a cabo en once autopistas de pago y será la primera vez que no se realiza- en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). El objetivo, según ha informado el ministerio, es "ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares".
En este sentido, la bonificación del Gobierno a las concesionarias se realizará entre 2023 y 2026 y constará de una ayuda de 23,3 millones de euros. Una cifra que el departamento de Raquel Sánchez ha calculado con base en la parte de los ingresos que las concesionarias dejaran de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes.
Además de esta línea de financiación, también se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada. "Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos", ha explicado Transportes, según recoge Europa Press.
Las autopistas con incrementos extraordinarios también se mantendrán en el 4%
De esta manera, el Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, articula un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas de 2023, que soportan los usuarios en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.
En cuanto a las autopistas que gestiona SEITT, el Gobierno ha decidido congelar sus peajes, en línea con el objetivo del Gobierno de frenar la espiral inflacionista y respaldar a los hogares. En el caso de la AP-7 Alicante-Cartagena, además de la revisión ordinaria por el IPC, se debe aplicar un incremento extraordinario en las tarifas del 1% para devolver un préstamo participativo que le hizo el Estado para pagar las expropiaciones, por lo que, sin medidas, subirían el 9,46%.
A pesar de ello, se ha aprobado que la subida del año que viene sea también del 4%, por lo que el incremento ordinario se limita al 3%, aumentado la compensación asociada, a la que se suma el 1% de la extraordinaria. La AP-46 Alto de Las Pedrizas-Málaga y la AP-9 Autopista del Atlántico también deben aplicar una revisión extraordinaria de la tarifa para generar fondos con los que compensar las obras realizadas para mejorar las infraestructuras y que implicaron modificar las condiciones de las concesiones.
De este modo, aunque las subidas de los peajes en 2023 en estas vías alcanzan el 9,46%, el Gobierno también ha decidido limitar al 4% el alza y aumentar la subvención para compensar los ingresados que dejan de percibir por parte de los usuarios.
Abertis, Itínere y Globalvia, las principales beneficiadas
De los 2.000 kilómetros de autopistas estatales con peajes, 1.500 kilómetros están controlados por Abertis, Itínere, Globalvía, Meridiam y Guadalcesa, dueños de las empresas concesionarias de las autopistas de peaje estatales. Los 500 kilómetros restantes están gestionados por el grupo público SEITT, dependiente del Ministerio de Transportes. Con esta medida aprobada por el Gobierno, los grupos dueños de las empresas concesionarias de las principales carreteras del Estado se verán beneficiadas doblemente.
Por un lado, los expertos creen que una subvención parcial sobre los peajes como esta podría favorecer un incremento del tráfico y el riesgo de perder usuarios por el incremento de tarifas es menor. Por otro lado, la subida de precios compensará en gran medida el incremento de los tipos de interés que llevan aplicando los bancos centrales a lo largo de este año, ofreciendo así cierta protección frente a la inflación. Además, seguirán recaudando lo previsto en línea con la subida de la inflación gracias a la bonificación del Gobierno.
Asimismo, anterior a la medida anunciada este martes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó poner fin a la deuda acumulada de 800 millones de euros con las concesionarias de las autopistas de la AP-6 Villalba-Adanero, la AP-9 Ferrol-Tui y la AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas, controladas Abertis, Itínere y Guadalcesa respectivamente. Un importe que abonará el Gobierno para compensar las inversiones que no han sido amortizadas con el esperado incremento del tráfico, pues las compañías llevaron a cabo mejoras y ampliaciones de capacidad que no han atraído a los usuarios suficientes debido a la pandemia.