El precio de los peajes de las autopistas dependientes del Gobierno subirá en 2023. La propuesta de las principales empresas concesionarias contiene un alza histórica de hasta el 8,4%, en línea con lo establecido por ley referente al aumento del IPC (Índice de Precios de Consumo). Se trata del mayor incremento de los precios hasta la fecha, pero el Gobierno está negociando con las empresas para que el impacto a los conductores no sea tan grande.
De los 2.000 kilómetros de autopistas estatales con peajes, entre las que se encuentran la AC-32 Castelldefels Sitges-El Vendrell y la C-16 Sant Cugat-Terrasa-Manresa, 1.500 kilómetros están controlados por Abertis, Itínere, Globalvía, Meridiam y Guadalcesa. Los 500 kilómetros restantes están gestionados por el grupo público Seittsa, dependiente del Ministerio de Transportes. Se trata de un negocio redondo para estas pocas empresas que se reparten el pastel de las autopistas, siendo Abertis, Globalvia e Itínere las que cuentan con mayor presencia dentro del sector.
Así lo consideran desde el departamento de análisis de Bankinter, calificando la coyuntura como positiva para estas empresas, en su mayor parte dedicadas a los sectores de la construcción y las infraestructuras. “Las soluciones que se plantea el gobierno podrían ser incluso más beneficiosas. Una subvención parcial sobre los peajes podría favorecer un incremento del tráfico”, aseguran los expertos. En este sentido, creen que la subida de tarifas compensará en gran medida el incremento de los tipos de interés que llevan aplicando los bancos centrales a lo largo de este año y seguirán aumentando durante 2023, ofreciendo así cierta protección frente a la inflación.
El Gobierno trata de moderar el aumento de los precios
A partir del próximo 1 de enero los peajes serán más caros, según la propuesta que las principales empresas concesionarias han llevado a la mesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lidera Raquel Sánchez. Una situación que desde el ejecutivo están intentando frenar, al menos parcialmente. Según ha adelantado Cinco Días, el Gobierno ha acordado zanjar la deuda acumulada de 800 millones de euros con las concesionarias de las autopistas de la AP-6 Villalba-Adanero, la AP-9 Ferrol-Tui y la AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas, controladas Abertis, Itínere y Guadalcesa respectivamente.
El importe que abonará el Gobierno a cambio de moderar la subida de precios sale de ese saldo pendiente de compensación por inversiones que no han podido ser amortizadas con el esperado incremento del tráfico. Las compañías llevaron a cabo mejoras y ampliaciones de capacidad que no han atraído a los usuarios suficientes, debido principalmente a la crisis causada por la pandemia.
Es por ello que en esas carreteras la subida será menor de lo previsto inicialmente por las concesionarias. Además de esta medida, otras posibles soluciones para frenar el incremento de los precios de los peajes en el resto de autopistas pasan por subvencionar parcialmente la subida aplicada por las concesionarias e incluso ampliar el periodo de las concesiones que las empresas ya tienen vigentes.
Si la intervención del Gobierno es hace efectiva, sería la primera vez que no se aplica el aumento de precios con relación a la inflación, algo que lleva ocurriendo desde el año 2002. Cabe destacar que los peajes de las autopistas dependientes del Estado ya subieron sus precios un 1,97% el pasado 1 de enero, aunque cuatro autopistas los incrementaron por encima de esa cifra para cubrir una diferentes costes adicionales.
En cualquier caso, las principales concesionarias se verán beneficiadas de un modo u otro. El aumento del precio a los niveles que indican, según la evolución de la inflación, podría suponer menos ingresos al obtener menos tráfico por las carreteras de peaje. Por lo que, si el ejecutivo bonifica parcialmente esta subida, saldrán ganando por partida doble: aumentarán ingresos y tendrán menos riesgo de perder usuarios.
¿Quién está detrás de las concesionarias?
Los peajes y su control en España es un asunto que siempre ha suscitado mucha polémica, especialmente entre los ciudadanos de a pie. Carreteras de pago que controlan unos pocos grupos empresariales y fondos de inversión y que se reparten año tras año un jugoso paste. Pero, ¿quién está detrás de estas empresas concesionarias? A pesar de controlar la mayor parte de las carreteras españolas, a lo largo de las últimas décadas, el poder se ha traspasado en su mayor parte a capital extranjero.
La firma de infraestructuras Abertis está en manos de la italiana Atlantia y de ACS, la constructora de Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid. La compañía controla un total de siete autopistas: la AP-68 Bilbao-Zaragoza, la AC-32 Castelldefels Sitges-El Vendrell, la AP-6 Villalba-Adanero, la AP-51 Villacastín-Ávila, la AP-61 San Rafael-Segovia, la AP-71 León-Astorga, C-16 Sant Cugat-Terrasa-Manresa. Cinco de ellas de las que se encarga de su gestión y dos con participaciones minoritarias. La sociedad posee más de 600 kilómetros de carreteras en conjunto.
La otra gran firma detrás de las concesionarias que controlan las principales carreteras de España es Itínere. Se trata de una sociedad que nació dentro de la empresa española Sacyr, propiedad de la familia Carceller, Itínere llegó a adquirir en su totalidad la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA), compañía pública encargada de la gestión y explotación de las autopistas hasta 2003.
Actualmente, la sociedad también está controlada por capital extranjero, siendo el fondo holandés APG el accionista de referencia. También Globalvía está presente en el accionariado de la firma. Itínere controla la AP-9 Ferrol-Frontera Portuguesa, la AP-66 Campomanes-León, la AG-55 A Coruña-Carballo, la AG-57 Puxeiros Val-Miñor, la AP-8 El Gallo/Urgoitti Ermua y la AP-15 Tudela-Izurzun.
Por otra parte se encuentra Globalvía, sociedad fundada en 2007 para unir en un solo grupo todos los activos concesionales de la constructora de la familia Koplowitz, FCC (de la que ahora es accionista mayoritario el multimillonario Carlos Slim), y la antigua Caja Madrid (Bankia). Pero en la actualidad no hay empresas españolas en el accionariado de una de las principales sociedades que controlan las autopistas del país. En 2016, Globalvía pasó a manos de tres fondos de pensiones internacionales, siendo estos de Canadá (OPTrust), Países Bajos (PGGM) y Reino Unido (USS). Por su parte, Globalvía controla la AP-53 Santiago de Compostela (junto con Itínere).
La AP-7 Málaga - Guadiaro está bajo el control de Ausol, perteneciente al fondo de inversión francés Meridiam. También en manos extranjeras se encuentra la AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas, cuya concesión la posee el grupo Guadalcesa, que pertenece al fondo galo Vauban, a Aberdeen, la mayor gestora de fondos de Reino Unido, y a Sacyr, que está en el accionariado con una participación minoritaria del 5% tras vender el restante a las otras dos firmas. Por último, la AP-7 Alicante-Cartagena pertenece a las sociedades españolas Pralesa y Grupo Fuertes, propietario del grupo de alimentación El Pozo.
En total, las autopistas estatales de pago generaron 502,8 millones de euros de ingresos por los peajes en 2019 y con la subida de precios de que entrarán en vigor a partir de enero, las compañías prometen incrementar la cifra de negocio en este segmento del mercado. Queda por saber de cuanto será el aumento definitivo y como negociará el Gobierno el resto de subidas para que el impacto no sea tan abultado en el bolsillo de los conductores. En cualquier caso, las grandes beneficiadas serán las concesionarias.