En un movimiento estratégico para fortalecer su posición en un mercado español cada vez más complejo, Glovo ha constituido por primera vez un consejo asesor, integrado por destacadas personalidades del ámbito político y empresarial. Según han avanzado La Vanguardia y El Confidencial, la iniciativa, que la compañía define como un "foro de consulta estratégica", busca aprovechar la experiencia e influencia de sus miembros para guiar a la dirección en medio de una tormenta perfecta de desafíos regulatorios, financieros y competitivos.

El consejo es un reflejo de la doble arena, política y económica, en la que se juega el futuro de la empresa. Para navegar en la compleja legislación estatal, Glovo ha incorporado a figuras de peso de ambos lados del espectro político: José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores con el PP, y Raül Blanco, expresidente de Renfe y antiguo secretario de Industria del PSOE.

Completan la nómina Natàlia Mas (exconsellera de Economía de la Generalitat con ERC), Marta Pascal (exdirigente del PDeCAT), Anna Miralles (directiva tecnológica) y Manel Arroyo (exvicepresidente del FC Barcelona y antiguo alto ejecutivo de Dorna Sports). Hace pocos días, Glovo también anunció el nombramiento de Diego Nouet como vicepresidente global de Negocio, un ascenso que llega tras seis años de trayectoria en la compañía, donde ha demostrado su capacidad de expansión en mercados clave de Europa y África.

El contexto inmediato que explica esta jugada es de máxima presión. El grupo alemán Delivery Hero, propietario de Glovo, alertó hace dos semanas en un informe financiero que la continuidad de la operación española podría estar en riesgo debido a la amenaza de multas por un importe descomunal, entre 520 y 860 millones de euros. Esta cuantía está ligada al histórico conflicto por la clasificación de sus repartidores como falsos autónomos y las consiguientes deudas con la Seguridad Social.

A este frente se suma una batalla legal contra su principal competidor, Just Eat. La compañía holandesa ha recurrido recientemente una sentencia que desestimaba su demanda por competencia desleal, en la que reclamaba a Glovo una indemnización de 295 millones de euros por operar con un modelo de repartidores autónomos que, a su juicio, le confería una ventaja económica ilegítima.

Sin embargo, los analistas interpretan que el objetivo del consejo va más allá de la mera gestión de la crisis. Glovo, que recientemente cumplió diez años, se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, ha iniciado ya una transición forzosa hacia el uso de flotas de repartidores asalariados en un intento de apaciguar la conflictividad social y adaptarse a la nueva ley Rider.

En este sentido, a fecha de 31 de julio, las autoridades españolas ya han reclamado a Glovo el pago de aproximadamente 450 millones de euros en concepto de multas y cotizaciones sociales atrasadas. Por otro lado, la compañía afronta el desafío de alcanzar por fin la rentabilidad neta y diversificar su negocio más allá del reparto de comida. Su apuesta principal pasa por consolidarse en el sector de la venta online de supermercado, un mercado altamente competitivo donde se enfrenta a gigantes tanto de la distribución como tecnológicos.

En este escenario, la experiencia del nuevo consejo será crucial. La trayectoria de sus miembros en gestión de grandes empresas, su profundo conocimiento de las administraciones públicas (García-Margallo, Pascal y Mas) y su experiencia en transformación digital son activos que Glovo espera movilizar no solamente para protegerse, sino para trazar la hoja de ruta de su próxima década.

Fuentes de la empresa han confirmado que este órgano se encuentra en una "fase inicial" y que es "probable" que se incorporen más nombres en el futuro, señalando la voluntad de la compañía de blindarse con el mejor talento estratégico disponible. Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, facturó 7.185,8 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un 18,9% más en términos absolutos. Mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 70,8%, hasta los 410,7 millones.