La CEOE, principal patronal española, ha asegurado este lunes tras su comité ejecutivo extraordinario que el acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE, Junts y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez es un "grave menoscabo" a la "separación de poderes" y a la "seguridad jurídica" del país. A nivel económico, la patronal asegura que "se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo". El texto critica los acuerdos de gobierno, pero no menciona la amnistía. 

Minutos después, era Foment quien en un comunicado confirmaba que "se suma" al comunicado de la CEOE y aseguraba que "valora positivamente que se pida estabilidad institucional y seguridad jurídica como principales objetivos de la política económica española". "Esta receta es la que Foment considera oportuna para facilitar el retorno de las compañías catalanas, creando un clima de confianza en un contexto de estabilidad institucional", añade la patronal catalana. 

Aunque los pactos que deben modificar la relación fiscal entre el Estado y la Generalitat aún no se han concretado, la CEOE asegura que existe "una previsible distorsión de la unidad de mercado" a partir de estos acuerdos y también "un deterioro de nuestra imagen en el exterior", opinión que contrasta con la visión de la agencia Standard & Poors o del prestigioso diario económico Financial Times, que se posicionó a favor de la amnistía. Son aspectos, según la CEOE, "claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española". 

El principal representante de los empresarios en España habla también de un daño al "fundamento de nuestra democracia", así como a la "fragmentación y debilitamiento institucional" y asegura que "los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978". 

La entidad presidida por Garamendi, que firma el comunicado conjuntamente con CEPYME (Confederación española de la pequeña y mediana empresa) y ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), ha contado con el voto unánime de todos sus socios a favor de esta expresión crítica con los acuerdos de gobierno que incorporan la amnistía de los condenados por el procés y la revisión del marco fiscal catalán. 

Aunque el acuerdo de gobierno tan solo expresa su voluntad de "facilitar" el regreso de las empresas que abandonaron Catalunya por el referéndum del uno de octubre, la CEOE apunta en su comunicado que "ha defendido también el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad". "En todo caso, insistimos en que la mejor forma para atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica", añade la patronal. 

"Mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado", desarrolla la CEOE.

"Vuelta al consenso"

Le preocupa también a las empresas "la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral", muchos de ellos alcanzados con Sumar. 

"Demandamos una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en nuestra Constitución", remata la CEOE, que asegura trabajar "desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de estado".

"El objetivo de todos debe ser preservar la paz social y la convivencia entre todos los españoles dentro de los márgenes constitucionales y, por ello, hacemos un llamamiento para situar estos principios por encima de cualquier otro interés político o económico", remata.