Los acuerdos entre PSOE y Esquerra Republicana y Junts, respectivamente, y muy especialmente el segundo, han reactivado los discursos apocalípticos sobre la España que se rompe porque el modelo de financiación se va al garete, sobre la desigualdad entre españoles y sobre la falta de solidaridad y agravios entre territorios. En paralelo, los dos partidos catalanes venden —porque así se comprometieron al verse indispensables y decisivos para que Pedro Sánchez pueda repetir estancia en la Moncloa— que sus votos son a cambio de mejoras en los recursos para Catalunya, que pueden ser medidas en términos de financiación autonómica y/o de reducción del déficit fiscal, que no es exactamente lo mismo. Más allá de la amnistía, un referéndum de autodeterminación y el traspaso de Rodalies. Veamos qué hay de cierto en todas las afirmaciones que se han verbalizado y publicado hasta ahora, a veces con las tintas demasiado cargadas.

1. ¿Han pactado PSOE y Junts obligar a que regresen las empresas que se marcharon de Catalunya en el 2017?
No, y tampoco pueden hacerlo. El texto del acuerdo firmado entre ambos partidos dice que "se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron la ubicación a otros territorios en los últimos años". Lo hicieron en torno a 7.000 empresas. Pero nadie las puede obligar, eso lo decidirá cada consejo de administración y las respectivas juntas de accionistas. Volverán si creen que se dan las condicionas idóneas. De hecho, Foment del Treball, la patronal que los últimos tiempos ha convertido este tema en uno de sus caballos de batalla, al mismo tiempo que aplaudía el acuerdo, dejaba claro que "la condición necesaria para que se produzca es la suma de estabilidad y seguridad jurídica para favorecer un clima social y económico que promueva la confianza necesaria para la atracción de inversiones y la mejora de la productividad del país".

¿Existe este clima? Hoy por hoy no, a juicio de varias empresas consultadas por ON ECONOMIA. Las reglas de un nuevo escenario todavía se tienen que definir, y las tres fuerzas políticas implicadas en el pacto (PSOE, Junts y ERC) piden cosas distintas. "El partido del Govern sigue pidiendo un referéndum. Mientras eso sea así, no volveremos, ni nosotros ni nadie," explicaba el directivo de una gran compañía catalana.

2. Han pactado PSOE y Junts la cesión del 100% de los tributos a Catalunya en una suerte de concierto económico catalán; es decir, la independencia fiscal de Catalunya?
En absoluto. Como el PSOE rechaza un cupo vasco para Catalunya, no se ha comprometido. Todo lo contrario: la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya se encargó de desmentirlo al cabo de cinco minutos. ¿Qué dice el texto del acuerdo? "Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en que se organiza el sistema institucional de la Generalitat, que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan a Catalunya". Y por su parte —continúa el texto— "el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya". De acuerdo, nada de nada.

A pesar de recaudar el 100% de los impuestos, no implica que la Generalitat tuviera capacidad tributaria plena para decidir sobre los tributos. Podría recaudarlos todos y no ser el "propietario"; es decir, no poder decidir subirlos, bajarlos o eliminarlos

Por otra parte, si fuera así, a pesar de representar un avance muy importante para la financiación de Catalunya, no implica que la Generalitat tuviera capacidad tributaria plena para decidir sobre los tributos, podría recaudarlos todos y no ser el "propietario"; es decir, no poder decidir subirlos, bajarlos o eliminarlos, si lo considerara oportuno. Si esta medida avanza, habrá que analizar la letra.

En el modelo de financiación actual, vigente desde 2009, la cesta tributaria de Catalunya y del resto de comunidades autónomas incluidas en el modelo de régimen común (todas menos País Vasco, Navarra) está formada por tributos cedidos totalmente (como patrimonio y sucesiones, entre otros) y parcialmente (IRPF, IVA e impuestos especiales). Las comunidades no tienen plena capacidad normativa.

3. ¿Un sistema de cupo para Catalunya supondría que el resto de comunidades tendrían menos dinero?
Depende. Presumiblemente sí, el objetivo final de la mayoría de partidos del arco parlamentario catalán es tener más recursos para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos que viven en Catalunya. Pero no necesariamente tiene que ser así. Al ser, hoy por hoy, una declaración de intenciones de Junts, en el acuerdo no hay ninguna otra concreción. No sabemos nada del sistema de nivelación (el grado de solidaridad) que se propondría, ni dice que tenga que ser un acuerdo bilateral en exclusiva. En lo que coinciden ambas partes (tanto PSOE como Junts) es en reconocer la "singularidad" de Catalunya.

Podría establecerse, pongamos por caso, una especie de pacto fiscal al estilo de Artur Mas. La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, parece que apuesta por esta vía (aunque no está en ningún acuerdo), según se desprende de unas declaraciones de este fin de semana, dónde dice que una vez recaudado todos los impuestos, Catalunya contribuiría con una determinada cuota de solidaridad inferior a la actual.

Ahora bien, los recursos de muchas CC. AA. llegan del sistema de nivelación (solidaridad interterritorial) de las más ricas, pero no es la única vía: también pueden llegar porque el pastel a repartir aumenta; es decir, porque el Estado da más dinero a las comunidades. Si fuera el caso, aunque Catalunya (o quien fuera) recaudara todos sus recursos, las otras también tendrían más.

4. ¿Rompe el acuerdo PSOE-Junts la igualdad entre españoles y amenaza la solidaridad entre territorios?
Tampoco. La igualdad entre ciudadanos del Estado y la solidaridad entre territorios está rota ya hace décadas con el modelo de régimen foral (para Euskadi y Navarra) y con la especificidad de Canarias por su condición insular, donde no se paga IVA ni impuestos especiales y tiene un régimen especial para el IRPF.

El concierto económico da autonomía a las tres diputaciones vascas y a Navarra para regular y legislar sobre todos los impuestos y después tienen que hacer una aportación al Estado (cupo) por los servicios que este presta en cada territorio. Sin embargo, ¡vaya por Dios!, las cuentas del cupo no se han publicado nunca y todos los académicos sospechan que está infravalorado.

La igualdad entre ciudadanos del Estado y la solidaridad entre territorios está rota ya hace décadas con el modelo de régimen foral para Euskadi y Navarra. Este sí que es uno de los grandes agravios, pero sorprendentemente nadie lo discute

Las comunidades forales no participan en ningún mecanismo general de redistribución pero nadie se queja. ¿Por qué? El gran argumento de todos los partidos del arco parlamentario español (con la única excepción del finiquitado Ciudadanos, que siempre ha criticado el régimen foral por insolidario, todo hay que decirlo) y de todos los presidentes autonómicos (tanto del PSOE como del PP) que claman al cielo y anuncian el apocalipsis siempre que Catalunya propone una mejora de su financiación, es que el (privilegiado) régimen de Euskadi y Navarra está amparado por la Constitución. El resultado es que ambas comunidades tienen muchos más ingresos que la media. El País Vasco dispone de unos recursos por habitante de un 80% por encima de la media de los de las comunidades de régimen común, según cálculos de varios académicos. Este sí que es uno de los grandes agravios, pero sorprendentemente nadie lo discute. Es insólito que un gobierno renuncie a ejercer poder tributario sobre una parte de su territorio. En España pasa.

La igualdad entre españoles también se rompe en la medida que las comunidades tienen cierta autonomía en determinados tributos (como explico en el punto 2), solo hay que ver la guerra entre CC. AA. para ver quién baja más los impuestos. Los ciudadanos pagan más o menos impuestos en función de la renta, sí, pero también según dónde vivan.

Y una tercera vía de desigualdad legal es que el modelo de financiación actual de régimen común permite que haya comunidades que, después de los múltiples mecanismos y fondos de nivelación, estén financiadas por encima de la media (como las uniprovinciales, Extremadura y Castilla y León) y otras infrafinanciadas (como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia).

5. ¿Supone alguno de los dos acuerdos una mejora en la financiación de Catalunya?
De entrada no, porque ambos hablan de voluntades y objetivos de futuro, como acabamos de ver. Lo único que aporta un poco de oxigeno a la tesorería de la Generalitat es el ahorro en torno a 1.300 millones de euros de intereses fruto de la condonación de parte de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Govern podrá destinar este dinero a lo que considere más conveniente pero ninguno de los dos acuerdos concreta ningún cambio en el modelo de financiación.

Los acuerdos de ERC y de Junts no cambian nada de la financiación de la Generalitat ni impactan directamente en el déficit fiscal. Lo dejan para negociar más adelante

6. ¿La condonación del 20% de la deuda de Catalunya con el Estado a través del FLA (15.000 millones de euros más 1.300 millones en intereses) implica que el resto de ciudadanos del Estado tendrán que asumirlo a razón de 376 euros por habitante o de 833 euros por contribuyente, como algunos medios han publicado?
No. Es un cálculo engañoso y demagógico. Las cantidades a asumir no se prorratean en términos de población, sino en términos impositivos. Es decir, se paga en función de la renta y, en este cálculo, se tiene que tener presente que muchos ciudadanos de Catalunya (especialmente los más acaudalados) seguirían pagando tanto o más que otros que viven en otros territorios por la sencilla razón de que al tener más renta, pagan más IRPF.

Por otra parte, el acuerdo firmado entre PSOE e Esquerra sobre la condonación de la deuda deja muy claro que es "de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común". Galicia también la ha pactado (a través del acuerdo de investidura PSOE-BNG) y los gobiernos autonómicos de Andalucía y la Comunitat Valenciana, después de criticarlo, ya han levantado la mano para apuntarse.

7. ¿Supone alguno de los dos acuerdos una reducción del déficit fiscal de Catalunya con el Estado?
Tampoco. Todo son buenas intenciones y emplazamientos de futuro, pero, tal como pasa con la financiación, no se concreta nada. El pacto PSOE-Junts ya lo hemos visto en la primera pregunta. En el caso del acuerdo con Esquerra Republicana, los apartados del texto que se refieren al tema lo deja en manos de futuras comisiones bilaterales para "conseguir una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos y asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión incluidos en el Estatuto".