El 63% de barceloneses se opone al plan del Govern de limitar la actividad de los VTC a trayectos interurbanos –o sea, a prohibir sus trayectos dentro de la ciudad– según apunta una encuesta de Metroscopia difundida por Unauto, la patronal mayoritaria de los VTC.
En un comunicado, Unauto subraya que esta encuesta revela un “amplio rechazo ciudadano” a los planes regulatorios del Departament de Territori de la Generalitat. Según los datos de este estudio, el 57% de los barceloneses cree que las medidas adoptadas hasta la fecha han sido erróneas o ven margen de mejora, y el 56% considera que “las autoridades han regulado en función de los intereses del taxi, en lugar de priorizar el interés general”.
Según la patronal de las VTC, “la ciudadanía apuesta por una movilidad más abierta, eficiente y adaptada a sus necesidades reales” en vez de las restricciones. Subrayan que “una amplia mayoría de los barceloneses (68%) considera que las autoridades deberían promover un marco regulatorio que permita a taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC) operar en igualdad de condiciones”. De ellos, el 67% se muestra partidario de flexibilizar la normativa que regula al taxi para acercarla al funcionamiento actual de las VTC.
Dos de cada tres barceloneses afirman haber utilizado un taxi o VTC en los últimos seis meses, lo que, en opinión de Unauto, “demuestra la creciente integración de estos servicios en la vida cotidiana de la ciudad”. Sin embargo, acceder a este tipo de transporte no siempre resulta sencillo: el 56% de los barceloneses declara haber tenido dificultades para conseguir un taxi o VTC, una cifra que se eleva al 63% entre los viajeros más habituales. Por este motivo, Unauto recalca que más de la mitad de los encuestados se opone a restringir el funcionamiento de las plataformas de movilidad, “apostando por una oferta más accesible y competitiva”.
Entre las propuestas más valoradas por la ciudadanía está la movilidad compartida (79%), que permite reducir el coste de los desplazamientos al compartir trayecto con otros pasajeros, así como el impulso de la movilidad eléctrica para taxis y VTC (67%).
Hace unos días, Unauto estimó en cerca de 80 millones de euros las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que reclamará a la Generalitat de Catalunya por la nueva ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. Unauto advierte que si se aprueba el proyecto de ley con la actual redacción, reclamarán indemnizaciones por un importe de 79,26 millones de euros. Por el momento, las VTC preparan el trámite de manera masiva, haciendo énfasis en los daños económicos y perjuicios que supone dejar fuera del mapa metropolitano a estos vehículos.
Atendiendo a las 2.500 autorizaciones de VTC que operan actualmente, estiman este impacto económico cercano a los 80 millones de euros: más de 65 millones por lucro cesante (pérdidas derivadas de la paralización de la actividad), más de 3 millones por daños emergentes (principalmente despidos), y 10 millones en costes empresariales (cierres e indemnizaciones), afectando directamente a más de 4.000 empleos.