Unauto, patronal mayoritaria de los conductores de VTC, estima en cerca de 80 millones de euros las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que reclamarà a la Generalitat de Catalunya por la nueva ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, que el Govern hará pública en las próximas semanas.
En total, Unauto advierte que si se aprueba el proyecto de ley con la actual redacción, reclamarán indemnizaciones por un importe de 79,26 millones de euros. Por el momento, las VTC preparan el trámite de manera masiva, haciendo énfasis en los daños económicos y perjuicios que supone dejar fuera del mapa metropolitano a estos vehículos.
Atendiendo a las 2.500 autorizaciones de VTC que operan actualmente, estiman este impacto económico cercano a los 80 millones de euros: más de 65 millones por lucro cesante (pérdidas derivadas de la paralización de la actividad), más de 3 millones por daños emergentes (principalmente despidos), y 10 millones en costes empresariales (cierres e indemnizaciones), afectando directamente a más de 4.000 empleos.
En un comunicado, indican que “la privación del derecho adquirido a desarrollar la actividad de transporte en núcleos urbanos como Barcelona, la expropiación de las licencias o la restricción excesiva y discriminatoria de sus operaciones, a través de medidas como la precontratación de seis horas o un único servicio a la hora, abren la puerta a reclamaciones millonarias por parte del sector de las VTC”.
Según el presidente ejecutivo de Unauto, José Manuel Berzal, el volumen y cuantía de las demandas podría representar “un duro golpe contra las arcas públicas catalanas, con consecuencias directas sobre los ciudadanos”. “Hasta ahora los tribunales a diferentes escalas nos han dado la razón, por lo que seguiremos recurriendo a la justicia para no dejar pisotear nuestros derechos”, añade.
Unauto subraya que las VTC generan 260 millones de euros y proporciona empleo a casi 6.000 personas en Catalunya, directa e indirectamente. Añaden que si las 3.756 licencias de VTC domiciliadas en Catalunya pudieran trabajar con normalidad (en la actualidad operan solo 2.500 debido a las restricciones e inseguridad jurídica), aumentaría a 10.500 trabajadores y 445 millones de ingresos.
El nuevo texto se presentará ante la mesa del taxi en los próximos días, antes de abrir el periodo de audiencia pública. No obstante, Unauto denuncia la “falta de consenso y transparencia” en el proceso de elaboración de la norma porque las reuniones mantenidas con la Dirección General de Transportes de la Generalitat han sido “meramente informativas, sin opción de negociación”.