La ONG Transparencia Internacional organizó este miércoles un panel de expertos y periodistas, con la participación de ON ECONOMIA, en la que alertó de los riesgos de blanqueo de dinero y corrupción asociados a la golden visa a cambio de inversiones inmobiliarias, pendiente de concretar su final anunciado el pasado mes de abril por el presidente Pedro Sánchez. Ese mismo riesgo ha sido apuntado recientemente por el Tesoro Público en su Análisis Nacional de Riesgos. 

Más concretamente, el Tesoro ha elaborado en 2024 una adenda a su análisis de riesgos publicado en 2020. En él, reconoce que “los riesgos asociados a este tipo de regímenes están ligados desde el punto de vista del blanqueo de capitales a la corrupción, la elusión fiscal, el crimen organizado, la elusión de sanciones financieras internacionales o los movimientos transfronterizos de fondos”.

La adenda matiza que la intervención de intermediarios como notarios, registradores y entidades bancarias ayuda a controlar la legalidad de la entrada de fondos, puesto que “estos sujetos obligados cumplen con las políticas y procedimientos establecidos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, además de contar con potentes bases de datos con el fin de identificar la titularidad real de tales inversiones y asegurar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida”.

Estos mecanismos de control no son, sin embargo, suficientes, según coincidieron durante la charla celebrada en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid varios de los expertos. La jefa de campañas de Transparencia Internacional, Eka Rostomashvili, señaló que “algunos países obligan a una due diligence a los intermediarios, pero no es el caso de España”. “En varios casos, además, se ha anunciado que se hará un mayor control y después se han conocido casos de corrupción, con lo que a la práctica ese control no funciona”, ha añadido Rostomashvili. 

Por su parte, África Pinillos, investigadora del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, vinculado al Banco de España, señaló que “los riesgos de entrada de capital ilícito del sector inmobiliario son altos” y confirmó que estos se mantienen en la concesión de visados dorados. “Los principales países solicitantes, Rusia y China, suelen mover dinero ilícito entre diferentes países”, ha alertado. 

Baile de cifras y falta de transparencia

La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, pidió “transparencia” y “mayor rendición de cuentas” al Gobierno español, en relación con las golden visa, en parte refiriéndose a la confusión de datos ofrecidos. “No podemos tener los datos en un ministerio y en otro sin centralizar la información”, dijo. 

Mientras que el Ministerio de Seguridad Social, que concede los permisos de residencia golden, y el de Exteriores, que concede los visados desde oficinas consulares en el extranjero, han venido ofreciendo los datos de golden visa concedidas e inversiones por separado, la cifra única que dio el ministerio de Vivienda al anunciar que cancelaría la golden visa a cambio de compra de casas no coincidía con ninguna de las dos. 

Según las investigaciones de ON ECONOMIA con cifras oficiales directas de ambos ministerios implicados, a finales de 2022 ya se habían concedido 22.000 permisos dorados desde 2013, con más de 14.000 millones de inversión. En cambio, el ministerio de Vivienda los cifró, a 2024, en 14.000 visados y 10.000 millones de inversión. 

El programa de golden visa arrancó en España en 2013, con el gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó la posibilidad de que ciudadanos extracomunitarios obtengan un permiso de residencia a cambio de inversiones inmobiliarias de a partir de medio millón de euros o de inversiones empresariales de a partir de un millón. También se puede adquirir con la compra de deuda pública. 

A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de visados y permisos de residencia, no existen datos accesibles en las webs públicas sobre los permisos concedidos por la Unidad de Grandes Empresas (UGE), oficina vinculada al ministerio de Seguridad Social que otorga, además, los permisos a perfiles altamente cualificados y a nómadas digitales. Tampoco en estos otros permisos se están publicando las cifras oficiales. 

Otro de los problemas de transparencia vinculados al permiso golden fue la retirada de visados a ciudadanos rusos anunciada al iniciarse la guerra de Ucrania. A pesar del anuncio, los permisos que se conceden en la UGE de Madrid siguen llegando a ciudadanos rusos. 

El silencio administrativo

Uno de los puntos en que se ha coincidido en señalar mayores peligros y mayor desigualdad con respecto a otras migraciones es el silencio administrativo positivo. Si en 20 días un solicitante de un permiso o visado golden no ha recibido respuesta, recibe por defecto el permiso. “No es justo que sea así para los golden y no para otros migrantes”, denunció Emilia Sánchez, diputada en la Asamblea de Madrid por Más País, partido que ha registrado la solicitud en el Congreso de modificación de ley de golden visa. 

“El silencio administrativo es un coladero”, señaló desde la audiencia Rafael Fernández-Pita, funcionario del Ministerio de Exteriores que ha denunciado que los trabajadores de las oficinas consulares “se echaron las manos a la cabeza” cuando se aprobó la ley, ya que no hay suficiente personal para revisar a tiempo las solicitudes, con lo que se cuelan por silencio administrativo. 

En ese mismo sentido, la presidenta de TI España, Bacigulpo, pidió “poner el foco” en estas concesiones por silencio administrativo, “que son las que menos controles pasan y, por tanto, las que más riesgos entrañan”. 

La retirada a medias de Portugal

Desde la organización no gubernamental, Rostomashvili ha llamado a mirar el caso de Portugal, pero con una visión crítica. “Anunciaron primero que retirarían todas las golden visa. Después, por presiones del sector privado, dijeron que tan solo quitaban las vinculadas a la adquisición de inmuebles y además incluyeron otras inversiones pasivas como fondos de inversión. Además, acortaron el tiempo necesario para acceder a la ciudadanía portuguesa después de conseguir la residencia golden”, explicó. 

En Portugal, además de vincular el fin de este permiso a la subida de precios de la vivienda, como ha hecho España, también hubo un grave caso de corrupción vinculado a la concesión de las golden visa que costó el cargo a un ministro en 2014. Algo parecido sucedió en Chipre, donde además se concedía la ciudadanía chipriota con acceso libre al espacio Schengen, mientras que en Reino Unido se desveló después de la retirada de la golden visa que había entrado dinero vinculado a la corrupción. También Canadá retiró su programa de golden visa, mientras que Holanda se encuentra en proceso de hacerlo, ante los informes negativos sobre este tipo de permisos elaborados por la Comisión Europea. 

El catedrático de Ciencia Política y experto en políticas públicas, Manuel Villoria, señaló que “es normal, en un mundo globalizado, tratar de atraer inversiones extranjeras” como sucede con las golden visa. “Si no haces un buen control, te puede entrar dinero del narcotráfico o la corrupción”, alertó, y pidió “controlar bien que el dinero que llegue sea honesto”. No obstante, Villoria también lamentó la “desigualdad” vinculada a este tipo de permisos en relación con otros.