El salario mínimo interprofesional (SMI) sube este año un 8% en España, hasta 1.082 euros por 14 pagas (1.262 euros por 12 pagas, según lo mide Eurostat). Pese a que distintas instancias lo consideran alto, este porcentaje está en la parte baja de la Unión Europea (UE). Un argumento que han venido esgrimiendo los sindicatos durante la negociación con el Ministerio de Trabajo. De los 21 países de la Unión Europea que recoge la estadística de Eurostat, España ocupa el puesto 14 por el porcentaje de subida.

Por encima, hay grandes economías como la alemana, donde el salario mínimo se ha incrementado un 14,8%, o la de Países Bajos, donde ha crecido este año el 10,15%. Por debajo, entre economías similares a la española, en Portugal ha aumentado el 7,8%, en Irlanda el 7,6%, Bélgica lo ha incrementado el 6,1% o Francia el 3,9%. Dónde más sube es en Letonia, un 24%, seguido de Rumanía, con el 17,6%. Los trabajadores de Grecia son los peor parados, pues este año no han tenido incremento. No obstante, en Eurostat todavía no aparece el incremento de España, por lo que el país heleno podría tener una subida a lo largo de este primer semestre.

Medir el poder adquisitivo

Oscar Molina, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Fundación comunitaria Eurofound para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, explica a ON ECONOMÍA que no se puede limitar la comparación entre los países de la UE a una mera subida porcentual del SMI. Es más correcto poner el incremento del salario mínimo en relación con la inflación que hayan padecido los trabajadores. En definitiva, uno de los mayores expertos en el salario mínimo en la UE considera que lo que realmente hay que valorar es el incremento o la pérdida del poder adquisitivo del colectivo de asalariados con menores nóminas.

En este sentido, los trabajadores españoles con SMI están entre los europeos con más suerte en términos de poder adquisitivo, concretamente en el noveno puesto de los 21 países que tienen SMI en la UE (carecen Suecia, Italia -en revisión-, Austria, Dinamarca, Finlandia y Chipre). Así, si se mide el IPC medio durante todo el 2022 y no el interanual de diciembre (dato que publicita Eurostat), la inflación media el pasado año se incrementó el 8,34% en España y teniendo en cuenta la subida del SMI fue el 8%, han padecido una pérdida de poder adquisitivo de un 0,34%. Una de las menores en la UE, solo por encima de Hungría cuyos trabajadores regulados por el SMI han cedido un 0,28% y Portugal un 0,27% de su poder adquisitivo.

Sin embargo, 6 gobiernos de la UE han subido el SMI por encima de la inflación media anual de 2022, lo que ha permitido ganar poder adquisitivo a sus trabajadores con SMI: en cabeza, los asalariados de Letonia mejoran un 6,8% su poder de compra; los de Alemania el 6,3%; los rumanos el 5,6%, los polacos el 3%, los eslovenos el 2,7% y los croatas el 1,8%.

En el otro extremo, los asalariados de 12 países han tenido pérdidas de poder de compra por encima de España, como Grecia que lo han reducido el 9,3% o Estonia el 8,5% en la parte baja de la tabla. Fuera de los estados comunitarios, los trabajadores de EEUU amparados por el salario mínimo han mermado su poder adquisitivo un 11,3%, pues el SMI (según los datos de Eurostat) se ha reducido un 2,6%, desde los 1.209 euros de 2022 a 1.178 en este año por 12 pagas al mes. A ello se suma una inflación media del 8,7%, arrojando esa pérdida del 11,3%.

“El SMI es probablemente el principal instrumento de redistribución para los más pobres”

El sociólogo experto en las condiciones de vida de los trabajadores incide en que el SMI debe contemplarse globalmente con otras medidas adoptadas por el Gobierno que han reducido el impacto de la alta inflación del pasado año que afecta más duramente a las rentas más bajas. Y recuerda que el SMI es probablemente el principal instrumento de redistribución para los más pobres. En este sentido, remarca que en España algunas medidas han sido más intensas en los hogares que en otros países de la UE, en especial las adoptadas para reducir el cote de la electricidad y el gas. No obstante, considera “discutibles” otras medidas que no han tenido un impacto redistributivo como la subvención generalizada de los carburantes con 20 céntimos, sin tener en cuenta criterios de renta, suprimido desde el 1 de enero.

Molina insiste en que aunque en comparación con las subidas aprobadas por otros gobiernos comunitarios el 8% español no estaría entre las más altas, si se tiene en cuenta la inflación en España -un punto por debajo de la media comunitaria- y las políticas del Gobierno, especialmente las que favorecen a las capas de menor renta, se puede considerar que el incremento del IPC es “más que importante”.

Y, además, remarca que no se puede considerar exagerado el aumento del salario mínimo ni que pudiese poner en peligro el crecimiento de la economía española, “sino todo lo contrario, pues gracias al incremento del poder adquisitivo de este colectivo (2,27 millones de asalariados) se tira al alza del consumo”, declara.