La regularización de 500.000 migrantes anunciada el pasado martes por el gobierno español aportará directamente al sistema fiscal del Estado unos 2.486 millones de euros en cotizaciones anuales. Es el resultado de multiplicar los 4.972 euros del 40% de impuestos del Salario Mínimo Interprofesional anual que aportará cada trabajador, tomado como referencia de lo que cobran los migrantes cuando entran en el sistema reglado laboral, por el número de personas que verán formalizada su situación.

El cálculo se basa en lo que hicieron los académicos Joan Monras, Ferran Elias y Javier Vázquez-Grenno en el estudio 'Understanding the effects of granting work', publicado en el Journal of Labor Economics sobre la regularización del año 2005. Entonces el impacto era de 4.000 euros por persona, multiplicado por los 600.000 migrantes que en aquella época regularizaron. La subida equivale a los aumentos de sueldo, un 22% más que en aquella época. Monras, economista de la Universitat Pompeu Fabra, explica que, entre otras cosas, con el estudio comprobaron "que no hubo un efecto llamada" con la regularización de 2005 impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y que fue acompañada de más control en las fronteras y un incremento de las inspecciones para controlar el trabajo irregular.

"Habrá que ver cómo se aplica esta regularización, si también va acompañada de más control en la frontera e inspecciones para saber si hay un efecto llamada. Hay cierta incertidumbre", dice Monras, que explica que, en 2005, "hubo una caída de nativos en el mercado informal" por el aumento de la inspección y también "mejoraron las trayectorias laborales de los migrantes" a partir de su entrada en el mercado formal. "Entran en el mercado formal desde sectores de menor remuneración como la limpieza o la atención a personas mayores y, una vez tienen el permiso, pasan a otros más formales como la hostelería". 

En cuanto al gasto público, la regularización no tiene un gran impacto porque los migrantes "ya tenían acceso a la sanidad y a la educación de los hijos" antes de recibir los papeles. Sucede igual con la recaudación por consumo. Lo que sí es cierto, aporta Monras, es que el aumento de la migración debe ir acompañado de un incremento de inversión pública si se espera que los servicios acompañen este crecimiento. "Si tienes un millón más de personas, pero no tienes plazas de educación, vivienda o sanidad, acaba siendo perjudicial para todos los usuarios", apunta.

El académico cuestiona, sin embargo, que la llegada de migrantes y su regularización tenga un gran impacto en la sostenibilidad de pensiones, ya que "si los contratan con salarios bajos, no es suficiente para cubrir el gasto de pensiones". "Depende del contexto y de la proporción de migrantes que retornen después a su país, pero los salarios tan bajos no son un buen negocio", añade.

El pasado 26 de enero, un estudio de Funcas cifraba a partir de una estimación en 840.000 los migrantes en situación irregular en España, ocho veces más que en 2017, cuando había 107.000. La población extracomunitaria se eleva ahora a 4,9 millones de ciudadanos, por los 2,3, la mitad, que eran en 2017. 

La regularización beneficiará a aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, sin antecedentes penales relevantes y que no hayan salido del país en los cinco meses previos al momento de la solicitud. También beneficiará a los demandantes de asilo o protección internacional que lo hayan pedido antes de diciembre de 2025 y a las familias con menores. 

El procedimiento, explicó la ministra Elma Saiz, se hará con un real decreto a través de una modificación del actual reglamento de extranjería. El texto debe estar aprobado a principios de abril y las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de junio de 2026. Desde el momento de presentar la solicitud, la administración tendrá 15 días hábiles para admitirla a trámite y la resolución no podrá ser superior a tres meses. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y el permiso dará derecho a trabajar en el inmediato momento en que se reciba en cualquier territorio del Estado y sector.