La crisis de vivienda en España ha escalado en las últimas décadas, alcanzando una situación crítica que se refleja en las estadísticas oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,4% de los hogares eran de alquiler, una cifra que evidencia un aumento interanual. Esta tendencia se acentúa en las regiones con mayor demanda. Baleares lidera la lista, con un 30,9% de viviendas en alquiler, seguida de Cataluña (27,9%) y Madrid (27,1%). El problema se agrava en zonas turísticas, donde el auge del alquiler vacacional ha reducido la oferta de vivienda habitual y ha disparado los precios.

En respuesta, la legislación española ha implementado medidas para paliar la crisis. La nueva reforma de la Ley de Vivienda, popularmente conocida como ley de alquileres, introduce cambios significativos, siendo el más destacado el derecho de permanencia.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos firmados desde el 6 de marzo de 2019 se prorrogarán automáticamente si su duración es inferior a cinco años, si el propietario es una persona física, o a siete años, si es una persona jurídica (empresa). Esto garantiza que los inquilinos que cumplan con sus obligaciones puedan permanecer en la vivienda durante el período pactado, incluso si el propietario se opone. A su vez, el arrendatario no podrá finalizar el contrato durante ese plazo.

El objetivo de la medida es proporcionar estabilidad a los inquilinos en un mercado volátil y alcista. Sin embargo, la reforma ha polarizado a la sociedad: mientras es bien recibida por los inquilinos, ha generado protestas entre los propietarios, que la consideran una vulneración de su derecho de propiedad. Las asociaciones de propietarios argumentan que la ley limita su capacidad para disponer libremente de sus inmuebles, restringiendo opciones como la venta o la actualización del precio del alquiler.

Como consecuencia, se teme que muchos propietarios opten por el mercado turístico a corto plazo para eludir estas restricciones. Esta reacción podría, irónicamente, agravar la escasez de alquileres de larga duración y profundizar la crisis de acceso a la vivienda que la ley busca resolver.

Uno de los problemas centrales de la vivienda es la desconexión entre los salarios y el precio del mercado inmobiliario. Tras la pandemia, los precios de compra y alquiler se han disparado, impulsados por la alta demanda, la inversión turística y los fondos buitre. Esto ha creado una situación donde una gran parte de la población destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, superando el umbral de lo asequible.

Las consecuencias son palpables: retraso en la emancipación juvenil, aumento de la desigualdad y exclusión de los centros urbanos. Se buscan soluciones, como la Ley de Vivienda que regula los alquileres, pero el debate entre la intervención estatal y el libre mercado sigue abierto. En esencia, la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo inalcanzable para muchos.

Mientras el diagnóstico es compartido por ciudadanos, expertos y políticos, el debate se traslada ahora al campo de las soluciones. ¿Cómo se puede garantizar el acceso a un techo? Las propuestas, diversas y a menudo contrapuestas, forman un complejo mapa de rutas para desatascar uno de los mayores problemas estructurales de España. La medida en la que más coinciden los economistas y colectivos sociales es la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda pública en alquiler. España, con solo un 2,5% de vivienda protegida, está muy lejos de la media europea, que ronda el 9%.