Este martes abrirá las puertas Construmat, en una edición que quiere recuperar el peso del sector en el contexto ferial internacional y volver a ser la voz de todos los actores de la actividad constructora descontentos con la nueva ley de la vivienda "que se ha hecho en espaldas de los profesionales y es intervencionista", en un mercado que "no se arreglará hasta que no haya un plan de vivienda con visión de largo termine". El comentario es del presidente de Construmat y de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, que recuerda que el sector ya advirtió a la administración que regular los precios no es la solución ni para la construcción, ni para ninguna otra actividad económica, y que "la norma que la Generalitat aplicó -temporalmente, porque el Constitucional la tumbó- con un índice de precios de referencia ya lo puso de manifiesto". Lo que hace falta es ir a las cuestiones de base y, entre estas y muy concretamente para Catalunya, Vilajoana menciona la "inflexible" ley de urbanismo.
"La ley catalana de urbanismo es del siglo pasado y es poco flexible", asegura, para adaptarse a los cambios de la sociedad. Las normas urbanísticas a que se tiene que someter la obra nueva o la rehabilitación encasillan los proyectos. Parámetros urbanísticos de edificabilidad, de alturas reguladoras, de ocupación de parcelas, densidades, etc., "tendrían que ser mucho más flexibles precisamente para poder meter proyectos de todo tipo, en definitiva, para encajar planificaciones que responden a las nuevas tendencias y necesidades de la sociedad", sin tener que esperar a qué la realidad se haga tan patente que el Govern tenga que ir aprobando pequeñas modificaciones legislativas en la ley de acompañamiento a los presupuestos. Menciona que la fijación de los índices de edificabilidad y densidad con criterios rígidos obligan, por ejemplo, a construir viviendas de muchos metros cuadrados, o determinan la construcción de plazas de aparcamiento en un lugar donde no hay demanda. Son algunos de los casos. Solo hay que observar la ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes de 2023, donde se ha regulado el cómputo de la densidad del uso residencial en el techo destinado a vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado y no consolidada y también regula ex novo una nueva figura de planeamiento, los planes urbanísticos para la implantación de actuaciones declaradas de interés general superior.
Los promotores catalanes, "lo que queremos" es "poder incrementar el nivel de producción para cubrir la demanda de vivienda que necesita la población, cualquier estrato de la población," explica Vilajoana, consejero delegado del grupo empresarial Euroconstruc. Recuerda el también empresario que, solo por el crecimiento vegetativo de la población, Catalunya necesita que como mínimo salgan al mercado 25.000 pisos cada año y se están construyendo unos 15.000. "Es un déficit que se va acumulando, sin tener en cuenta que la demanda es más alta porque hay factores migratorios que elevan esta cifra. En proporción, en España se necesitan 125.000 y solo se hacen 75.000, el déficit anual se eleva a 50.000 viviendas.
Observa también que las carencias se agravan porque el parque de vivienda existente está muy envejecido. En ciudades como Barcelona, más del 60% se tendría que reformar o rehabilitar, sustenta. Y vuelve a mencionar el freno que supone tener normas intervencionistas. En el caso de la capital catalana: el 30% que se tiene que destinar a VPO cuando se hace una rehabilitación integral de un edificio desincentiva las inversiones de los constructores. Las quejas también se dirigen a "la excesiva burocracia administrativa para acceder en los fondos europeos Next Generation para a la rehabilitación. "Se está perdiendo una gran oportunidad para la rehabilitación, para la mejora energética de los edificios, porque los trámites administrativos no son sencillos y el Govern catalán ha decidido que otorgará las subvenciones una vez realizadas las obras, es decir, el particular o la comunidad de propietarios tiene que adelantar el dinero", cuando en otros lugares de España se otorga la subvención con un proyecto previo y después se valida que todo esté en orden.
Mientras, el sector de la construcción va hacia una actividad cada vez más industrial y más digital y sostenible. Dos de los principales retos a que se afronta esta actividad que "seguirá siendo un motor de creación de puestos de trabajo, más cualificados y mejor pagados". El salón Construmat lo hará evidente con 204 expositores y 366 marcas representadas, Construmat reunirá una amplia oferta de materiales, herramientas, técnicas y servicios que promueven una construcción más sostenible y eficiente. También incluirá un congreso con más 40 sesiones y 50 ponentes que pondrá especial énfasis a visibilizar las iniciativas que mejor explican el carácter transformador del sector y su impacto positivo en el entorno. El programa pondrá especial foco en los fondos Next Generation con el objetivo de acelerar su ejecución, ya que todavía faltan para activar gran parte de los 6.800 millones de euros destinados a la construcción en España.