El Govern propondrá a los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP un nuevo redactado de la proposición de ley contra la llamada compra especulativa de vivienda. Según la consellera y portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, la intención es mantener la actual finalidad de la iniciativa, pero darle la "máxima seguridad jurídica" después del dictamen contrario del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Después del Consell Executiu de este martes, Paneque ha indicado en rueda de prensa que han analizado durante agosto el dictamen del CGE y estudian posibles redactados alternativos. Entre las opciones que se plantean hay medidas vinculadas al planeamiento municipal y al uso que se da a los inmuebles.

Paneque ha recordado que el dictamen del Consell de Garanties no es vinculante y que, por lo tanto, no anula la proposición de ley. Sin embargo, ha defendido la necesidad de modificar el redactado para asegurar que la norma sea compatible con el Estatut y la Constitución.

El CGE advirtió a principios de agosto que la proposición, impulsada por los Comuns, podía vulnerar derechos como el de propiedad privada, el derecho a la herencia y la libertad de empresa. Ante este posicionamiento, el Govern apuesta ahora por buscar una fórmula que permita preservar el objetivo de la iniciativa sin incurrir en una situación de inconstitucionalidad.

La consellera ha asegurado que la intención del Govern "nunca ha sido limitar la compra" de vivienda, sino regular "el uso de estas compras". Ha indicado que la intención es que lo que se construya en Catalunya "tenga un uso preferente residencial".

El Govern prevé iniciar ahora las conversaciones con los grupos parlamentarios que deben participar en la tramitación de la iniciativa. Paneque ha señalado especialmente a los Comuns, impulsores de la proposición, así como a ERC y la CUP.

Estas conversaciones todavía no se han producido a causa del parón parlamentario de agosto. Por este motivo, ha evitado concretar un calendario para la tramitación de la norma en el Parlament. La voluntad del ejecutivo es, según Paneque, trabajar conjuntamente con las fuerzas que quieran sacar adelante la iniciativa para encontrar un nuevo redactado que permita combatir los usos especulativos de la vivienda manteniendo su seguridad jurídica.

La asociación de propietarios Som Habitatge, los promotores inmobiliarios y Foment del Treball pidieron la retirada de la proposición de ley, sobre todo después del dictamen contrario del CGE. La patronal liderada por Josep Sánchez Llibre advirtió que el proyecto de ley que limita la compra de vivienda en zonas tensionadas –que sus impulsores políticos identifican con el nombre de ley contra la “compra especulativa”– de ninguna de las maneras incrementaría la oferta residencial. Además, considera que generaría inseguridad jurídica, creando un precedente peligroso, y que sustituye las políticas de vivienda por más intervencionismo administrativo.

Desde Som Habitatge se adviertió reiteradamente que es una proposición inconstitucional y contraria al derecho europeo. Han anunciado la intención de llevarla a los tribunales cuando se apruebe. Considera que limita las adquisiciones de vivienda en zonas tensionadas, incluso si provienen de herencias y donaciones.