El gobierno español ha actualizado los umbrales de tamaño empresarial con el fin de reducir cargas administrativas a las pymes. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que eleva los criterios de volumen de negocio y de activos a la hora de considerar a las empresas como "pequeñas" en términos de información financiera.
En concreto, sitúa el volumen de negocio neto en un máximo de 15 millones, prácticamente el doble respecto de los 8 millones actuales; y el balance total hasta los 7,5 millones (vs. 4 millones actuales). El objetivo es que los negocios eviten "obligaciones más complejas y más costosas" y que "redirijan" estos recursos a inversión, digitalización y ocupación. El Ejecutivo calcula que 5.813 empresas del Estado se beneficiarán de la medida.
La norma también incrementa en un 25% los umbrales que determinan qué sociedades deben auditar sus cuentas. En detalle, para empresas de más de 50 trabajadores se ha elevado el total de activo de 2.850.000 euros a 3.565.000 euros y el volumen de negocio neto ha pasado de 5.700.000 euros a 7.125.000 euros. De este modo el gobierno calcula que unas 4.300 empresas ya no estarán obligadas a auditarse.
Los cambios se alinean con la agenda europea de simplificación reguladora.