"Los bancos españoles han ganado 30.000 millones en el último año, mientras que el primer trimestre del 2025 han incrementado entre un 19% y 58% sus beneficios", así se ha dirigido el diputado de Junts y exconseller de Economía Jaume Giró ante el secretario general de Economía y Finanzas, Juli Fernández, para valorar los seis primeros meses de funcionamiento del servicio de banca móvil en los municipios que no disponen de oficina bancaria o cajero. El diputado de Junts ha cargado contra el Govern por gastar dinero público un servicio "esencial", cuando, considera, lo tendría que estar pagando los bancos. ¿"Alguien puede pensar que en una situación como esta la Generalitat tiene que pagar dinero público para que los bancos hagan aquello que es un deber moral y una obligación mercantil que tienen con sus clientes"?, ha criticado Giró.

El diputado de Junts, en la comisión de Economía y Finanzas, ha recordado que Catalunya ha perdido hasta 6.000 oficinas bancarias en 15 años, que supone el 73% de las oficinas de este país. "Eso quiere decir pasar de 8.200 a 2.200 oficinas bancarias en Catalunya. Es el territorio del Estado que ha perdido más y el 48% de los municipios no tienen oficina bancaria ni un cajero automático", ha afirmado Giró, que considera que se trata "de exclusión financiera". Por eso, el diputado de Junts ha pedido que el Congreso acelere la tramitación de la ley que impulsó el mismo Giró cuando era conseller de Economía y Hacienda en el 2022 con el fin de obligar a las entidades financieras a sufragar el coste de poner un cajero automático en todos los pueblos.

Presión de los grupos para sacar adelante la ley en el Congreso

De hecho, tanto Esquerra Republicana como los Comuns han pedido exactamente lo mismo. "Exigimos que el Govern ponga su fuerza política para asegurar la ley de garantía de cajeros al Congreso", ha dicho el diputado de los Comuns, Lluís Mijoler, mientras tildaba de "vergüenza" la falta de cajeros en los pueblos. De hecho, Mijoler ha definido de "parche" el cajero automático, porque "vienen a cubrir los déficits del sector privado". El diputado de ERC Albert Salvadó también ha criticado el papel de los bancos y ha pedido acelerar la ley del Congreso. "Es un tema de modelo de país", ha reivindicado. El PP, por su parte, ha criticado que el Govern no supiera negociar un mínimo de oficinas bancarias, mientras que ha propuesto que las mismas oficinas de atención ciudadana de los ayuntamientos ofrezcan asistencia.

El Govern hace un balance "positivo" de los seis primeros meses de servicio

A pesar de todo, el Govern ha hecho un balance "positivo" de los seis primeros meses de funcionamiento del servicio de banca móvil. Fernández ha detallado que desde septiembre del 2024 hasta el 30 de abril, se han atendido 7.775 personas y se han hecho más de 7.900 operaciones. Con todo, ha lamentado que 43 municipios hayan renunciado al servicio y en 16 más no se ha registrado ningún usuario en este periodo desde que está disponible. En respuesta a los grupos, Fernández ha afirmado que este sistema tiene "recorrido a mejorar" y que "no es la única solución posible" y no ha descartado una "redefinición total" del servicio.

Hasta ahora, la banca móvil ha hecho 4.496 visitas y la valoración de los usuarios es de un 9,5 sobre 10, mientras que más de un 83% de los ciudadanos atendidos recomiendan el servicio y destacan "la proximidad la atención personalizada y el ahorro en los desplazamientos", según ha explicado. Fernández, que ha elogiado la iniciativa iniciada por el anterior Govern, ha señalado que el despliegue de la banca móvil -un servicio a cargo de Caixabank i Caixa d'Enginyers con vehículos adaptados que se van desplazando por toda Catalunya- se llevó a cabo en tres etapas. La primera fue septiembre del 2024, con 95 municipios de las comarcas de Girona; a noviembre se añadieron 96 más de las comarcas de Tarragona y el Penedès y el resto de territorio en diciembre con 267 más. A marzo, se incorporaron tres más, hasta los 461.