Un cajero automático en cada pueblo. El Congreso de los Diputados empieza a tramitar una ley que proviene del Parlament de Catalunya que, fundamentalmente, pretende garantizar el derecho de acceso a los servicios bancarios de proximidad. El objetivo: que en todas las poblaciones del Estado y a las entidades municipales descentralizadas haya un cajero automático de acceso universal que permita retirar dinero, pagar recibos o tributos, consultar los movimientos y el saldo, obtener extractos y hacer transferencias. Es una proposición de ley que impulsó Jaume Giró como conseller de Economía y Hacienda en 2022 y que recibió la luz verde de la práctica unanimidad de la cámara catalana, con el único voto en contra de Vox, que ahora se ha abstenido en la toma en consideración en el Congreso. Como la Generalitat no tiene competencias sobre esta materia, el Parlament ha remitido la iniciativa al Congreso. La proposición ha superado este martes su primer examen parlamentario con 312 votos a favor y 33 abstenciones y empieza ahora su tramitación en la Cámara Baja, donde se podrán presentar enmiendas para modificar el redactado. La iniciativa pasará por la ponencia y la comisión y, una vez sea aprobada en el Congreso, se tendrá que remitir al Senado antes de llegar al Boletín Oficial del Estado.
Uno de los elementos clave de la iniciativa es que “obligaría a las entidades financieras a sufragar el coste de poner un cajero automático en todos los pueblos”. Así lo ha argumentado Jordi Munell, diputado de Junts en el Parlament, que ha apuntado que esto sería responsabilidad de la entidad bancaria de referencia, la que esté más implementada en la zona. En caso de que no cumpliera, Munell ha señalado que “habría un fondo de garantía para poder hacer subsidiariamente la implantación de un cajero” con los fondos del mismo sistema bancario. Por su parte, Jordi Orobitg, diputado de ERC en el Parlament, ha subrayado que se trata de una ley que “quiere acercar los servicios bancarios y que toda la ciudadanía pueda acceder y disponer de su propio dinero en efectivo, buscando un equilibrio territorial y protegiendo colectivos vulnerables, como las personas mayores”.
La norma, que beneficia especialmente pueblos de menos de 500 habitantes, establece que los municipios y los barrios que no disponen de cajeros automáticos y se consideran en riesgo de exclusión bancaria tienen que disponer como mínimo de un cajero en el término municipal. El texto define el barrio en riesgo de exclusión como la subdivisión de una ciudad, villa o pueblo con un mínimo de 5.000 habitantes sin servicios bancarios. La propuesta denuncia el “cierre constante y persistente de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década”, una realidad “insoslayable, que afecta especialmente colectivos vulnerables”.
Una ley que supone una “enmienda a la totalidad de las políticas centralistas” y corrige una “marginación grave”
Desde Junts per Catalunya, el diputado Isidre Gavín ha argumentado que es “urgente que se corrija esta marginación grave y esta discriminación social y territorial” y ha presentado la iniciativa como una “medida para luchar contra el despoblamiento” y una “enmienda a la totalidad de las políticas centralistas y la gobernanza centralizadora que han permitido que el sector bancario cierre oficinas y sucursales sin ninguna regulación mirando hacia otro lado”. Jordi Munell ha añadido que esta problemática “afecta también al conjunto del Estado español”, especialmente la conocida como “la España vaciada”, con una “desertización bancaria que genera desequilibrio territorial y social”.
Por parte de Esquerra Republicana, Inés Granollers ha destacado que esta ley supone “una conquista de derechos” y ha puesto en relieve que, “por una vez, la pagan los bancos y no la ciudadanía”. Para la diputada republicana, es “una oportunidad para dar respuesta a un problema innegable e inaplazable” y resolver el “escándalo” que representa que las entidades bancarias “se lucren impunemente asfixiando a todos aquellos que dejan dinero en depósito y dejen desprovistos de acceso a su dinero a miles de ciudadanos”. Granollers también ha exigido “más valentía política” al Gobierno para “poner freno a la vorágine especulativa del sector bancario”.
Desde el PSOE, Alicia Álvarez ha aseverado que, aunque se trata de una propuesta “parcial y poco ambiciosa”, “da la oportunidad de debatir, subir la mirada y buscar alternativas y soluciones estables” para complementar las medidas que está promulgando el Gobierno.
Una propuesta de Jaume Giró que se remonta a inicios de 2022
Esta iniciativa nació en febrero de 2022 de la mano del entonces conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, para revertir la exclusión financiera y combatir el riesgo del despoblamiento en el territorio. En aquel momento, Giró apuntaba que la reducción de oficinas y cajeros en zonas rurales había dejado sin oficina a un total de 443 municipios catalanes, más de la mitad de los que hay en Catalunya. Como la Generalitat no tiene competencias para regularlo, al cabo de cuatro meses, el Parlament de Catalunya dio luz verde a remitir la propuesta al Congreso de los Diputados. “Una sociedad fuerte y sana protege sus miembros más frágiles y pone recursos para evitar el riesgo de exclusión”, arguyó Jaume Giró.
Esta iniciativa se suma al proyecto de la Generalitat de Catalunya para dotar de oficinas móviles los 503 municipios que actualmente no tienen sucursal bancaria. CaixaBank y Caixa d’Enginyers pugnan por dar este servicio.