Cinco años después de aprobar el fondo de recuperación para hacer frente al golpe económico de la pandemia de covid-19, la Unión Europea solo ha gastado un 49% del mismo, con lo que los Veintisiete tienen poco más de un año, hasta el 31 de agosto de 2026, para utilizar la mitad del dinero. Desde que comenzaron los desembolsos en 2021 los países han recibido 317.500 millones de euros (206.000 millones en subvenciones y 111.170 millones en préstamos) de los 650.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por haber cumplido el 30% de los objetivos de inversión y reforma pactados en sus planes de recuperación, según datos de la Comisión Europea.
Para acelerar la ejecución, Bruselas ha ofrecido a los países flexibilidad para buscar alternativas a aquellas medidas que no vayan a cumplir a tiempo con el fin de que aprovechen el máximo posible de su asignación, en particular las subvenciones, un margen de maniobra que España está analizando. Unos retrasos que coinciden con el anuncio de la Comisión Europea de recortar los fondos comunitarios a disposición de los estados. Así, España dispondrá de un 20% de recurso para el periodo 2028-2034, especialmente por la retirada de dinero para la PAC (Política Agraria Común).
El Ejecutivo comunitario, gestor del fondo Next Generation, defiende en un reciente informe el impacto positivo de este instrumento en la economía comunitaria, que tranquilizó a los inversores desde el primer momento, que permitirá mantener la inversión pública al contrario que en la crisis financiera -crecerá del 3,2% en 2019 al 3,8% en 2025 - y se estima aumentará el PIB de la UE hasta en un 1,4% en 2026, informa Efe.
Causas del retraso
Pero la Comisión Europa reconoce que la absorción del dinero ha sido más lenta de lo previsto por varias razones: el volumen sin precedentes del fondo, la guerra de Ucrania y la consiguiente crisis energética, que obligó a revisar los planes para incluir medidas para reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos, la carga administrativa de la ejecución de los planes y alto nivel de detalle de estos, entre otros. Bruselas, que lleva meses pidiendo a los países que aceleren la implementación de sus planes, les presentó en mayo varias opciones para allanarles el camino, ya que, de momento, descarta de plano prolongar el fondo más allá de 2026.
"La Comisión urge a los Estados miembros a revisar sus planes tan pronto como sea posible para quedarse solo con las medidas que puedan implementarse para final de agosto de 2026. Las medidas que no puedan ser implementadas deberían ser sustituidas", advertía el vicepresidente comunitario de Cohesión y Reformas, Rafaelle Fitto, en el último diálogo sobre la marcha del fondo con la Eurocámara.
Gastarlo en Defensa
Bruselas sugiere que los países amplíen aquellas inversiones que estén teniendo éxito, transfieran fondos a otros programas del presupuesto comunitario, como Invest EU o las partidas de defensa, o que fragmenten aquellas medidas que puedan ser financiadas también con dinero estatal u otros fondos de la UE, de modo que puedan recibir financiación durante más tiempo, por ejemplo, vía fondos de cohesión hasta 2027.
España, segunda mayor beneficiaria del fondo de recuperación, está "valorando esas opciones de flexibilidad" con la "intención de hacer el mejor uso posible y al máximo" de los fondos a su disposición, según explicó la semana pasada el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. "El gran objetivo es que no se quede ni un euro de las transferencias por ejecutar y que tengamos a disposición de nuestras empresas 84.000 millones de préstamos", dijo el ministro, precisando que estos se solicitarán en función de la demanda.
España
Hasta el momento, España ha recibido 47.960 millones de euros en transferencias y 340 millones en préstamos, puesto que apostó por las subvenciones en los primeros pagos, un 30% de su asignación, que subirá al 44% cuando reciba los 23.000 millones del quinto desembolso ya aprobado por Bruselas. La investigadora principal sobre asuntos económicos europeos del Instituto Delors, Eulàlia Rubio, se muestra crítica con la flexibilidad ofrecida por la Comisión Europea porque considera que abre la puerta a que los países "lo gasten de cualquier manera", lo que no ayuda a mejorar la imagen del fondo, según explicó a Efe.
Además, subraya que legalmente es posible prorrogarlo aunque políticamente sea difícil y cree que la negativa de Bruselas ha influido la lógica de los países contribuyentes netos al presupuesto, que no tienen interés en prorrogarlo, puesto que, si no se gasta en su totalidad, se reduce la deuda que habría que emitir para financiarlo.
La lentitud en la absorción de los fondos no ha sido óbice, sin embargo, para que el Ejecutivo comunitario haya decidido replicar en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) el sistema de vincular el dinero europeo al cumplimiento de planes de reformas e inversiones, que se estrenó con el fondo de recuperación y ha sido también objeto de críticas, en particular del Tribunal de Cuentas de la UE.