El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la proposición de ley destinada a restringir determinadas adquisiciones de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado constata que la legislación vulnera el derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica. Con esta contundencia la patronal Foment del Treball insta y urge al Govern a retirar la norma. En este sentido, la patronal catalana se añade a las reclamaciones de la APCE y de las asociaciones de propietarios.

Foment considera que ante las advertencias del órgano consultivo, el Govern no se puede limitar ahora a introducir retoques formales o a "buscar una nueva fórmula jurídica para mantener intacta la misma voluntad intervencionista". "Una propuesta que nace atacando derechos constitucionales, sin el consenso necesario y mediante una tramitación excepcional no se debe maquillar: se debe retirar", insiste en declaraciones difundidas en un comunicado.

Por lo tanto, la patronal propone al Govern que "abandone posiciones de extrema izquierda y se avenga a dialogar con los sectores implicados". La patronal catalana recuerda que ya advirtió que esta iniciativa no constituye una verdadera política de vivienda. "La crisis de la vivienda no se resolverá atacando la propiedad privada ni persiguiendo a los compradores. Se resolverá construyendo más viviendas, generando confianza y recuperando el diálogo", insiste la organización empresarial, que a la vez se ofrece para el diálogo y el consenso.

Un derecho constitucional

"Comprar una vivienda para rehabilitarla, conservarla como patrimonio familiar, destinarla a los hijos o invertir legítimamente no es una conducta ilícita ni especulativa: es el ejercicio de un derecho constitucional que los poderes públicos deben respetar y proteger", ha advertido la patronal.

Según la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre, el Govern "ha sustituido el diálogo por la imposición y el rigor jurídico por la precipitación". "Esta manera de actuar debilita la calidad institucional, deteriora la confianza y aleja la inversión necesaria para afrontar la emergencia residencial", alerta Foment.

En este sentido, Foment pide una reunión de los agentes económicos, sociales, profesionales y municipales para acordar una política de vivienda "estable, rigurosa y efectiva". "Catalunya necesita más oferta, más suelo disponible, menos burocracia, más agilidad administrativa y seguridad jurídica", apunta la patronal.

El dictamen también pone de manifiesto, según Foment, una manera de legislar que Foment considera profundamente equivocada. Una reforma estructural del derecho de propiedad no se puede impulsar como contrapartida de un acuerdo político, tramitar por lectura única y aprobar sin escuchar adecuadamente a los ayuntamientos, los operadores jurídicos, las organizaciones empresariales y los sectores directamente afectados.