La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) ha pedido la retirada inmediata de la proposición de ley que pretende limitar las compras especulativas de vivienda. La petición se produce después de que el Consell de Garanties Estatutàries haya concluido que la iniciativa, promovida por los Comuns y acordada con el Govern, vulnera el derecho a la propiedad privada. El dictamen del Consell señala que la proposición de ley afecta a varios artículos de la legislación vigente relacionados con la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada y otros preceptos legales. El presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha calificado el informe de "demoledor" y ha insistido en que la propuesta no se sostiene ni por las formas ni por el contenido, y que legislar con urgencia sobre problemas complejos solo genera inseguridad jurídica y reduce la oferta de vivienda.
Vilajoana ha argumentado que la proposición, en lugar de ayudar a incrementar el acceso a la vivienda, reprueba la oferta de alquiler y dificulta la tarea de aumentar el parque disponible, un efecto contrario al que se busca. La asociación ha reiterado que cualquier medida que afecte al mercado inmobiliario debe tener en cuenta las consecuencias sobre la disponibilidad de vivienda y su accesibilidad. Según APCE, la inseguridad jurídica que generaría la ley podría desincentivar a los propietarios a poner sus pisos en el mercado, reduciendo aún más la oferta y alejando el objetivo de hacer la vivienda más accesible.
Som Habitatge celebra el dictamen
La asociación Som Habitatge ha celebrado la decisión del Consell de Garanties Estatutàries porque, según argumenta, demuestra que la proposición de ley vulnera derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, y que va en contra de la Constitución y del Estatut d'autonomia. La entidad ha recordado que ya había encargado un dictamen a los especialistas Sergio Nasarre y Héctor Simón, de la Universitat Rovira i Virgili, que advertía de aspectos inconstitucionales y contrarios a la legislación europea. Este informe, presentado el 6 de julio, se hizo llegar a los partidos catalanes que reclamaron el dictamen al CGE, hecho que avala, según Som Habitatge, el trabajo de la entidad a la hora de aportar rigor académico a un debate excesivamente politizado. La asociación defiende que las propuestas legislativas en materia de vivienda deben basarse en evidencias y en el análisis de su viabilidad jurídica para evitar que las medidas queden sin efecto o generen problemas añadidos.
La asociación de propietarios ha insistido en que las administraciones públicas no solo llevan seis años sin resolver el problema de la vivienda, sino que lo han agravado. Ha apuntado que la oferta de alquiler ha disminuido de manera evidente, que no se ha conseguido una rebaja significativa del precio del alquiler y que la calidad del parque disponible es peor, con una superficie media que ha caído hasta los 71 metros cuadrados. Som Habitatge considera que las políticas aplicadas hasta ahora han tenido un impacto limitado y que es necesario replantear la estrategia con la participación de todos los actores implicados.
Som Habitatge ha reclamado al Govern que recapacite y retire la proposición de ley para abrir un debate riguroso con todos los agentes implicados, que permita buscar soluciones reales a la crisis de acceso a la vivienda sin generar inseguridad jurídica ni perjudicar a los propietarios. La entidad defiende que el debate sobre la vivienda debe hacerse con datos, con evidencias y con la participación de todos los actores implicados, para evitar que las políticas públicas tengan efectos contrarios a los deseados. Además, recuerda que la situación de la vivienda en Catalunya requiere medidas estructurales y consensuadas que vayan más allá de una proposición de ley que, según el CGE, no supera el examen de constitucionalidad.