España va camino de convertirse en el país de la OCDE que deberá destinar una mayor parte de su riqueza anual al pago de pensiones en 2050 si persiste la inacción ante el envejecimiento imparable de su población. Esta es la conclusión más crítica del informe bianual sobre el sistema de pensiones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este jueves. El documento revela que, en el escenario sin reformas, el gasto público en pensiones en España experimentaría un salto histórico, pasando del actual 13,6% del Producto Interior Bruto (PIB) a un 17,3% a mediados de siglo.
Esta última cifra no solo es la más elevada de los 32 países miembros con datos comparables, sino que se sitúa muy por encima del 10% que se prevé como media para el conjunto de la organización, que actualmente se encuentra en un 8,8%. La proyección dibuja un escenario donde la economía española deberá dedicar casi una quinta parte de su producción total a financiar las prestaciones de jubilación, una carga que, según los expertos, podría lastrar gravemente el crecimiento y la competitividad.
El núcleo del problema radica en la llamada "bomba de relojería demográfica". España presenta una de las esperanzas de vida más elevadas de la OCDE, combinada con una de las tasas de fertilidad más bajas. Esta ecuación, sostenida durante décadas, ha dado como resultado una pirámide de población que se invierte progresivamente. "Mientras la mayoría de los países de la OCDE han implementado o están discutiendo reformas para adaptar sus sistemas a esta realidad, como el ajuste automático de la edad de jubilación con la esperanza de vida o el incentivo de planes de pensiones privados, España permanece en un punto muerto político", señala el informe.
La proyección del 17,3% del PIB no es, según el análisis, una fatalidad inevitable. Se trata del escenario más pesimista, que se materializaría si no se producen cambios profundos en el sistema. La OCDE hace un llamamiento a la acción urgente, subrayando que cada año de retraso en la aplicación de medidas agrava el problema y reduce el margen de maniobra. Entre las recomendaciones, se encuentran el impulso decisivo a los planes de pensiones de empresa, la vinculación explícita de la edad de jubilación a la esperanza de vida —una medida que ya funciona en países como Dinamarca o Italia— y la promoción del empleo entre las personas mayores de 55 años.
Las consecuencias económicas de la inacción
El destino de una parte tan descomunal del PIB a las pensiones tendría efectos en cadena sobre el resto de la economía. Los expertos alertan que una presión fiscal creciente para financiar este desembolso podría mermar la inversión privada, reducir la capacidad del Estado para invertir en áreas críticas como la educación, la sanidad o la transición verde, y suponer una carga insostenible para las generaciones más jóvenes. El contraste con la media de la OCDE es elocuente: si el conjunto de la organización destina el 10% de su PIB a pensiones en 2050, España, con su 17,3%, se vería obligada a desviar recursos que sus competidores podrían emplear en I+D o infraestructuras.
Esta divergencia, advierte el informe, podría suponer una pérdida significativa de competitividad internacional y un freno estructural al crecimiento económico español durante décadas. En definitiva, el informe de la OCDE actúa como una severa alerta sobre un futuro que, aunque cercano, no está escrito en piedra. La diferencia entre un escenario de sostenibilidad y uno de colapso reside en la capacidad de consenso y anticipación que demuestre la clase política y la sociedad española en su conjunto en los próximos años.