España es el país de la OCDE que más ha reducido la protección frente al despido arbitrario, según se concluye en el informe “El coste del despido individual sin causa justificada en España” elaborado por las universidades de Jaén y la Autónoma de Madrid a petición del sindicato UGT. Según ha explicado este lunes, Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato, aclara que esta afirmación, que se recoge en el trabajo, parte de las cifras de la propia OCDE que ha establecido unos indicadores numéricos analizando la legislación laboral de cada país para cuantificar la evolución de la protección frente al despido improcedente, “arbitrario”, según denominación de UGT. En valores absolutos, las indemnizaciones varían según territorios.
El trabajo señala que las regulaciones frente al despido “pueden incentivar, o, todo lo contrario, desincentivar, que las empresas consideren los despidos como última ratio a la hora de adoptar decisiones de gestión del empleo”. A tal efecto, la OCDE elabora un indicador numérico del grado de devaluación en la protección de la estabilidad en el empleo frente al despido sin causa justificada o arbitrario (improcedente) que pone de manifiesto que “España ha pasado de un indicador de protección de empleo (IPE) de 3,55 (1985) a otro de 2,05 (2019), si bien ha estado en 1,96 desde los años 2014 hasta 2018”.
A mayor cifra, mayor protección. El informe aclara que el incremento del 1,96 (del periodo 2014 a 2018) al 2,05 de 2019 no se debe a una mejora de la protección general, sino a la “derogación del contrato de apoyo a emprendedores y su largo periodo de prueba”. Por lo tanto, estaríamos, incluso, “algo por debajo la media de la OCDE (2,06)”, remarcan en el informe encargado por UGT. E, igualmente, insisten en que la media de protección frente al despido improcedente de la UE a 15 es muy superior a la de la OCDE, "por lo que estaríamos bastante por debajo de la media europea".
Así, España es el segundo país de la UE (después de Portugal), que más intensamente ha devaluado la tutela del empleo frente al despido individual, nada menos que 1,5 puntos, desde 1985, aunque en el caso del país vecino, se mantiene por encima del 3. Entre las grandes economías europeas, el indicador numérico de la OCDE es superior al de España y se ha mantenido más estable. Así, España cae del 3,55 en 1985 a 2,05 en 2019 (-1,5 puntos), frente a Alemania, que sube del 2,5 al 2,6 (+0,1 puntos), Francia del 2,52 al 2,56 (+0,04 puntos) y Países Bajos, de 3,46 a 3,61 (+0,21). Descienden Portugal, que cae del 4,83 en 1985 al 3,14 en 2019 (-1,69, por encima de España) e Italia que baja del 3,02 al 2,56 (-0,46 puntos).
Desde UGT remarcan la relevancia de su informe, primero, porque según determinados estudios tiende a darse una “información errónea del indicador de protección de empleo español frente al despido individual”, situándose en el 2,43, cuando realmente está en el entorno del 2. En segundo lugar, porque cuando se dice que “normativamente”, España es el país con mayor protección y, por tanto, con el despido más caro, “es evidente que no lo es”.
Indemnización de 6 meses
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha comentado que en esta legislatura, la mejora de la protección ante el desempleo es prioritaria para su sindicato. Recuerda que la indemnización no se puso encima de la mesa en la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021, pero que eso no significa que hayan renunciado a esa aspiración. En un primer lugar, quieren abordar el despido improcedente (aquel que un juez considera que no tiene justificación) en la mesa de negociación, “en la que buscaremos un acuerdo con la CEOE, que sería de 10 si se consigue”, pero también los despidos colectivos (ERE).
En 2021, últimos datos que recoge el informe, se produjeron cerca de 450.000 despidos, (cifra que se ha superado en lo que vamos de 2023) de los que la mitad aproximadamente fueron improcedentes, con una indemnización media que ronda los 9.400 euros, según se recoge en el trabajo realizado conjuntamente por las Universidades de Jaén y la Autónoma de Madrid.
Para abordar una negociación, una vez se configure el Gobierno, UGT presentará cinco medidas con el fin de mejorar la indemnización en el caso de los despidos improcedente y recuerdan que han presentado ante el Comité Europeo de Derechos Humanos una reclamación para que España se ajuste a la Carta Social Europea revisada. Una reclamación cuya resolución podría ver la luz en el primer trimestre del año próximo, lo que obligaría al Gobierno a plantear reformas en este sentido. Además, el acuerdo de Gobierno del PSOE y Sumar, contempla cambios legislativos al respecto.
En previsión de que esto suceda, estas son las propuestas de UGT que buscan mejorar la indemnización y que se ajuste a la Carta Social Europea
- Recuperar salarios de tramitación que desaparecieron con la reforma del PP de 2012.
- Derecho de opción -entre cobrar la indemnización o ser readmitido-, debe recaer sobre la “víctima (el despedido) y no sobre el empresario que despide de forma arbitraria”. Así ocurre, con matices, en países como Francia, señala Luján
- Regularse una indemnización mínima, sin tener en cuenta antigüedad en el puesto de trabajo de seis meses. Una fórmula que ya existía en 1976, aunque desapareció en 1980. En Italia, la indemnización es como mínimo seis meses.
- Recuperar los 45 días por año trabajado, que estuvo en vigor de 1980 a 2012, frente a los 33 actuales. Luján señala que, incluso antes, en 1976 era de 60 días.
- Finalmente, quieren dar la potestad al juez para que en caso de considerar que la cantidad percibida por el despedido no es suficiente, pueda añadir una indemnización adicional.