Los fondos de inversión que mantienen un contencioso judicial contra el Estado por el recorte de las primas a las energías renovables han decidido intensificar su presión a través de una estrategia insólita: poner el foco en la selección española de fútbol y en su inminente participación en el próximo Mundial. Según han informado fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento, estos acreedores han dirigido comunicaciones judiciales a compañías tan emblemáticas como Adidas, así como a cadenas hoteleras del prestigio de Hilton, operadores logísticos y entidades vinculadas a las infraestructuras donde tiene previsto entrenarse el combinado estatal, como el complejo deportivo Baylor.
El objetivo de estas solicitudes no es otro que identificar flujos económicos susceptibles de ser embargados en Estados Unidos. En términos prácticos, esto significa que todos los pagos y las relaciones comerciales vinculadas a la participación de la selección española en el campeonato del mundo de fútbol quedan ahora bajo vigilancia judicial. Los acreedores confían en que, si consiguen demostrar que estos flujos económicos pasan por jurisdicción norteamericana, podrán intervenirlos para satisfacer las indemnizaciones que consideran pendientes por parte del Estado. Esta vía de ejecución, aunque inusual, no es nueva en el derecho internacional de inversiones, donde los acreedores han ido afinando sus tácticas para presionar a los estados que no abonan las sentencias condenatorias.
Siete sentencias favorables a los tribunales de Estados Unidos
Los fondos demandantes ya han conseguido un conjunto de siete sentencias favorables en los tribunales norteamericanos que reconocen formalmente a España como deudor moroso. Este reconocimiento judicial es un paso previo indispensable para poder ejecutar embargos sobre activos vinculados al Estado español en suelo norteamericano. Los letrados que representan a los inversores consideran que esta batería de resoluciones judiciales abre la puerta a una acción de apremio patrimonial a gran escala, que afectaría tanto a bienes materiales como a flujos financieros de diversa naturaleza. De hecho, esta fase ejecutiva ya ha comenzado en el caso concreto que afecta al fondo RREEF, una de las reclamaciones más avanzadas.
En el marco del litigio que enfrenta a España con el fondo RREEF, la condena inicial se situó alrededor de los 40 millones de euros, una cantidad que, con los intereses acumulados y las costas adicionales, se ha elevado hasta los 74 millones. Ante la falta de pago por parte del Estado, los acreedores han puesto en marcha acciones de rastreo de activos a gran escala, que incluyen el envío de decenas de requerimientos judiciales a empresas y entidades con relaciones económicas con España. Esta operación de búsqueda de bienes embargables no se limita a grandes compañías cotizadas, sino que también afecta a proveedores de servicios, entidades financieras y, como se ha visto, a organizaciones deportivas y hoteleras vinculadas al evento mundialista.
Los acreedores recuerdan que la situación del Estado español no se limita a Estados Unidos. Tribunales superiores de otras jurisdicciones de peso, como el Reino Unido, Australia o Singapur, también han sentenciado en contra del Estado en procedimientos similares, consolidando así un frente judicial global que dificulta cualquier intento de ignorar las condenas. Además, los fondos subrayan que los embargos ya no son una amenaza teórica, sino una realidad constatable: la justicia belga mantiene intervenidos 482 millones de euros de activos españoles en procedimientos vinculados a estos mismos impagos. Esta cifra, ya de por sí significativa, podría incrementarse sustancialmente si los acreedores consiguen ejecutar embargos sobre los activos relacionados con el Mundial en Estados Unidos.
Ante este escenario, los fondos demandantes han querido hacer llegar un mensaje claro al ejecutivo español: la situación actual es "insostenible". Los acreedores insisten en que la única salida razonable pasa por una solución negociada que evite un deterioro mayor de la imagen internacional de España. Advierten que, si no hay un acuerdo en los próximos meses, la estrategia de embargo se intensificará aún más, afectando no solo a activos financieros tradicionales, sino también a eventos deportivos y culturales de alto impacto mediático. La participación de la selección española en el Mundial, un escaparate global de primer orden, se podría convertir así en un campo de batalla jurídico inesperado, con repercusiones que van mucho más allá del terreno estrictamente deportivo.