La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España y a otros doce países por no haber establecido en sus legislaciones nacionales el régimen de sanciones aplicable a los proveedores de combustible, aerolíneas y aeropuertos que incumplan la directiva europea 'ReFuelEU Aviation' para impulsar los combustibles sostenibles en la aviación.

El Ejecutivo comunitario ha abierto procedimientos de infracción enviando cartas de emplazamiento a un total de 13 países, entre ellos España, Alemania, Bélgica o Portugal, tras constatar que ninguno de ellos ha cumplido con la obligación de remitir sus planes nacionales de control y penalizaciones.

"En virtud de 'ReFuelEU Aviation', los Estados miembro deben establecer normas sobre sanciones para los proveedores de combustible de aviación, los operadores de aeronaves y los organismos gestores de aeropuertos de la UE en caso de incumplimiento, y adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena aplicación", ha explicado la Comisión en un comunicado sobre la directiva.

Según detalla Bruselas, los Estados miembro tenían la obligación legal de detallar y aplicar este sistema de sanciones antes del 31 de diciembre de 2024. A pesar de los "reiterados llamamientos" de la Comisión durante el último año y medio, las autoridades españolas y el resto de los países señalados no han presentado dicha información.

A partir de este momento, los 13 países tienen un plazo de dos meses para responder al requerimiento de Bruselas y subsanar estas deficiencias. En caso de no ofrecer una respuesta satisfactoria, la Comisión Europea podrá elevar el proceso al siguiente nivel mediante la emisión de un dictamen motivado, paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Ultimátum para cumplir las normas europeas sobre servicios de pago

Por otro lado, el organismo que preside Ursula von der Leyen ha dado este jueves un ultimátum a España para que cumpla con las nuevas normas sobre servicios de pago y las reglas sobre pagos inmediatos que los Estados miembro debían introducir ya en 2025, ya que de no hacerlo el caso podrá ser elevado ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, que es el segundo paso en un procedimiento de infracción, y da un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para ponerse al día con la normativa comunitaria, antes de que el incumplimiento pueda ser denunciado ante la Justicia europea.

El reglamento sobre pagos inmediatos permite a las autoridades competentes imponer sanciones a los proveedores de servicios de pago cuando sea necesario para lograr el cumplimiento de la nueva norma. El objetivo es garantizar que los pagos inmediatos en euros sean asequibles y seguros y puedan tramitarse sin obstáculos en toda la UE.

Bruselas explica que la normativa revisada y pendiente de aplicación en España pretende que determinados tipos de proveedores de servicios de pago no bancarios, como las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, puedan participar en los sistemas de pago designados en virtud de la directiva sobre la firmeza de la liquidación.

Con ello, estos proveedores pueden liquidar los pagos dentro de esos sistemas de manera más eficiente y competitiva, favoreciendo la prestación de servicios como los pagos inmediatos a sus clientes.