La Comisión Europea ha ampliado el procedimiento de infracción que abrió contra España el pasado año y ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que dispone de dos meses para corregir la normativa que regula las fusiones y adquisiciones bancarias, y que le permitió poner condiciones a la opa del BBVA sobre el Sabadell, cuando ya lo habían hecho las autoridades competentes.

Bruselas recuerda hoy que la legislación española no está adaptada al marco comunitario vigente y mantiene disposiciones que permiten al Ejecutivo intervenir en operaciones corporativas de una forma que, a su juicio, entra en conflicto con las normas europeas sobre supervisión bancaria y libertad de establecimiento.

Tras esta nueva comunicación, España dispone de dos meses para responder a Bruselas. Si la CE considera insuficientes las explicaciones o los cambios propuestos, el procedimiento podría avanzar hacia una opinión razonada y, en última instancia, acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Bruselas considera que la normativa española otorga al Ejecutivo una capacidad excesiva para condicionar o bloquear fusiones avaladas ya por las autoridades competentes y entiende que esta situación es incompatible con el marco europeo de supervisión bancaria y con las normas comunitarias sobre libre circulación de capitales.

La institución comunitaria, además, ha detectado nuevas incompatibilidades derivadas de la entrada en vigor de la directiva CRD VI, que regula las adquisiciones, fusiones y otros cambios estructurales en entidades de crédito. Según la Comisión Europea, España no ha incorporado todavía esta normativa a su ordenamiento jurídico, pese a que el plazo para hacerlo expiró el pasado 10 de enero de 2026.

Según recogen varios medios, Bruselas insiste en que el problema de fondo radica en la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para imponer condiciones adicionales a operaciones ya examinadas por organismos como el Banco Central Europeo (BCE) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo comunitario pretende que España adapte su legislación para limitar esa discrecionalidad y garantizar que las fusiones bancarias se rijan por criterios homogéneos en toda la Unión Europea.

El BBVA no logró la opa al Sabadell

El caso tiene especial relevancia por los antecedentes de la opa del BBVA sobre el Sabadell. Hace un año, en junio del 2025, el Gobierno dio a conocer las condiciones con las que el banco vasco podría comprar al catalán. Unas condiciones muy exigentes que se sumaban a las que ya le había puesto la CNMC. Fue entonces cuando Bruselas intervino y abrió expediente a España, lo hizo en julio.

La operación se truncó precisamente desde que el Gobierno impuso estas condiciones, que fueron consideradas especialmente exigentes por el mercado. Finalmente, la opa no logró los apoyos suficientes y la integración no llegó a materializarse, dándose por acabada la operación en octubre.

En este contexto, el BBVA optó el pasado mes de noviembre por retirar el recurso que había presentado ante el Tribunal Supremo contra las condiciones impuestas por el Ejecutivo a la operación. Preguntada por la nueva actuación de Bruselas, la entidad ha declinado realizar comentarios.

El Gobierno trabaja en adaptar la normativa

Por su parte, el Ministerio de Economía ha querido restar dramatismo al movimiento de la Comisión Europea y ha subrayado que no se trata de un nuevo expediente. "No se ha abierto ningún nuevo procedimiento de infracción a España relacionado con fusiones bancarias. La carta de la Comisión no supone que el procedimiento ya existente haya avanzado a una nueva fase o escalado. Es una carta complementaria a la anterior", señalan a ON ECONOMIA fuentes del departamento.

El Gobierno también ha destacado que ya está trabajando en la adaptación de la normativa española al nuevo marco comunitario. Según Economía, "se está trabajando intensamente en la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI), para adaptar la normativa doméstica y recoger la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de las fusiones bancarias, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC".