El director de Endesa en Catalunya, Enric Brazís, ha lanzado un contundente llamamiento a las autoridades reguladoras para que revisen al alza la rentabilidad que las empresas reciben por invertir en la red eléctrica. Brazís argumenta que el marco retributivo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lastra la capacidad de inversión del sector, en un momento crítico en el que la red de distribución española muestra síntomas de "colapso" y se erige como la principal barrera para el despliegue industrial y la transición ecológica.

El eje de la disputa se centra en la Tasa de Retribución Financiera (TRF), el porcentaje que determina el beneficio que las compañías pueden obtener de sus inversiones en infraestructuras críticas. La CNMC ha propuesto fijarla en el 6,4% para el período 2026-2031. Frente a esta cifra, Brazís cree que "no se ajusta a los valores del mercado ni a los estándares europeos". Según el directivo, los parámetros comunitarios sitúan esa tasa entre el 7,3% y el 8,5%, un rango que consideran esencial para atraer el capital necesario", explica el ejecutivo en una entrevista en Europa Press. 

"Las empresas eléctricas queremos invertir, pero necesitamos un marco regulatorio estable y que permita esa inversión", afirma Brazís, subrayando que la propuesta actual de la CNMC "da a entender que no considera necesaria la inversión en la red por parte de las empresas distribuidoras". La advertencia de Brazís no es abstracta. Aporta datos concretos que pintan un panorama preocupante para Catalunya: 294 de los 354 nudos eléctricos de la comunidad están saturados, sin capacidad disponible para nuevas conexiones. En los 60 restantes, la capacidad libre es de apenas 1.086 MW, una cifra que califica de "limitación significativa" para el desarrollo de proyectos estratégicos.

Extrapolando el problema a toda España, la situación es aún más grave: aproximadamente el 80% de la red nacional está colapsada. Esta saturación, advierten desde Endesa, "limita el desarrollo industrial y frena proyectos estratégicos que podrían posicionar a España como un líder en Europa". Un mensaje dirigido a las administraciones para destacar que la crisis de la red no es solamente un problema energético, sino también económico.

Frente a este escenario, Brazís ha destacado la paradoja que vive España. Por un lado, el país disfruta de una "oportunidad industrial única" gracias a sus recursos naturales de sol y viento, que generan electricidad a precios competitivos y la convierten en un imán para inversiones industriales intensivas en energía. Proyectos como la gigafactoría de baterías de Lotte en Mont-roig del Camp, la Ecoplanta de Repsol en Tarragona o la futura planta de reciclaje de BASF dependen de una red robusta.

Sin embargo, esta ventaja competitiva se ve amenazada por una infraestructura de distribución obsoleta e incapaz de asumir nueva demanda. "Necesitamos un modelo más alineado con el resto de Europa que permita atraer capital y talento para reforzar nuestras infraestructuras", recalca. Más allá de la red de distribución, Brazís también se ha referido al otro gran pilar de la polémica energética: el cierre nuclear. Califica el calendario previsto para Catalunya de "precipitado" y recuerda que las centrales nucleares aportan el 56,7% de la generación eléctrica de la comunidad, con solo el 24,6% de la potencia instalada.

Su cierre, reitera, comprometería la seguridad de suministro y aumentaría las emisiones, citando además la advertencia de un posible "apagón industrial" lanzada por el presidente de Foment del Treball. Brazís pide que se reconsiderara su papel como energía de respaldo firme y estable, necesaria para complementar la intermitencia de las renovables.

El directivo concluye su exposición refiriéndose al apagón del pasado mes de abril como "una aviso" de que el sistema eléctrico necesita una revisión "valiente, técnica e incentivadora". Su mensaje final es un llamamiento a una regulación que no solamente asegure el suministro, sino que también active las inversiones masivas requeridas para que la potencia renovable pueda llegar de manera eficiente y estable al consumidor final y a la industria, aprovechando la ventana de oportunidad que se le abre a España.