La crisis de accesibilidad a la vivienda y el endurecimiento de las condiciones crediticias comienzan a dejar una huella visible en las estadísticas judiciales. El número de ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual o embargos se incrementó un 28,1% en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar la cifra de 2.902 inscripciones en los registros de la propiedad, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del volumen más elevado en los últimos dos años y medio, concretamente desde el cuarto trimestre de 2021, y supone un jarro de agua fría para la recuperación económica de muchas familias. En términos globales, el número total de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas (que incluyen todo tipo de propiedades, no solo viviendas) fue de 6.407, lo que representa un aumento interanual del 14,9%.

La mayoría de estos procesos se concentran en el sector residencial. Las ejecuciones sobre todo tipo de vivienda crecieron un 27,8%, pero el dato más preocupante es el de las viviendas habituales de personas físicas (familias), que con un aumento del 28,1% confirman que el problema afecta directamente al tejido social. En total, las ejecuciones sobre viviendas representaron el 64,5% de todas las operaciones del trimestre. Desglosando el dato, el 45,3% del total de ejecuciones hipotecarias correspondieron a viviendas habituales de familias, un 9,5% a viviendas de empresas (personas jurídicas) y un 9,7% a segundas viviendas. El 26,5% restante se realizó sobre otros tipos de propiedades urbanas, como locales comerciales o naves industriales.

Los analistas apuntan a un cóctel de factores que explican este repunte. Por un lado, el fin definitivo de las moratorias y medidas de protección instauradas durante la pandemia, que durante meses actuaron como un colchón para los hogares más vulnerables. Por el contrario, el drástico encarecimiento de las hipotecas provocado por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación. Muchas familias con préstamos variables o que buscaban refinanciar sus deudas se han visto incapaces de afrontar unos pagos mensuales que se han disparado.

Un dato revelador del informe del INE es el periodo de constitución de las hipotecas que ahora están siendo ejecutadas. Casi la mitad (el 45,6%) se firmaron durante el boom inmobiliario, entre 2005 y 2008. Esto sugiere que muchas de las ejecuciones actuales podrían estar vinculadas a préstamos problemáticos de la crisis financiera anterior que nunca se resolvieron del todo y que ahora recrudecen con el nuevo entorno económico. El mapa geográfico de las ejecuciones refleja una clara división territorial.

Las comunidades autónomas con mayor número de certificaciones sobre el total de fincas fueron Andalucía (1.471), la Comunidad Valenciana (1.350) y Catalunya (1.093). Si el foco se pone solo en viviendas, el ranking lo lideran las mismas: Andalucía (948), Catalunya (820) y Comunidad Valenciana (782).

En el extremo opuesto, con las cifras más bajas, se sitúan La Rioja (24 ejecuciones sobre el total de fincas), la Comunidad Foral de Navarra (33) y Cantabria (39). Esta disparidad está directamente relacionada con el volumen de población y el parque de viviendas de cada territorio, pero también con la situación económica específica de cada región.

En definitiva, las cifras del segundo trimestre actúan como un termómetro de la presión financiera que sufren muchos hogares españoles. La combinación de precios de la vivienda en máximos históricos y el coste del dinero también en niveles elevados apunta a que esta tendencia alcista podría mantenerse en los próximos trimestres, poniendo en jaque la estabilidad económica de miles de familias.