El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado públicamente su intención de llevar al máximo tribunal del país un recurso de apelación urgente. El objetivo de esta medida es anular una resolución judicial reciente emitida por un tribunal federal, la cual declaró ilegales una parte significativa de los aranceles comerciales que su administración había implementado. Según sus declaraciones, la solicitud formal se presentará ante el Tribunal Supremo a más tardar este miércoles.
En intervenciones realizadas desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, Trump afirmó que "nos dirigiremos al Tribunal Supremo ya que es imperativo obtener una resolución expedita. Solicitaremos una intervención judicial urgente para revertir esta situación".
El fundamento de esta apelación, según el expresidente, radica en el severo impacto económico que, en su opinión, tendría la confirmación del fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. Dicho tribunal, en una decisión tomada el viernes pasado, determinó que Trump había hecho un uso indebido de una legislación de emergencia nacional para justificar la imposición de tarifas aduaneras a múltiples socios comerciales. Entre los afectados por estas medidas se encontraban importaciones provenientes de China, Canadá y México, gravámenes que, según la argumentación de su gobierno, buscaban combatir el tráfico internacional de fentanilo y sus precursores.
A pesar de haber fallado en contra de la legalidad de los aranceles, el tribunal de apelaciones ha permitido provisionalmente que estas medidas sigan en vigor mientras se resuelve el proceso judicial en curso. Esta situación se produce después de que el Tribunal de Comercio Internacional ya hubiera fallado con anterioridad a que el entonces presidente había sobrepasado las atribuciones que le confería la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional al decretar esta política comercial.
Más allá del debate inmediato sobre estos aranceles concretos, la sentencia sienta un precedente crítico que limita la capacidad de los futuros presidentes para imponer medidas comerciales agresivas sin la autorización explícita del Congreso. La batalla legal promete ser una disputa histórica sobre el equilibrio de poderes entre las ramas ejecutivas y legislativas del gobierno norteamericano en materia de política comercial internacional.