El mercado inmobiliario está cada vez más complicado por el aumento de precios del alquiler y la compraventa, pero existen diferencias sustanciales entre lo que cuesta una vivienda en función de en qué parte de España busquemos. En los últimos meses, además, la subida de tipos de interés ha complicado los préstamos hipotecarios y ha propiciado un mayor enfriamiento del mercado residencial. A la hora de comprar una vivienda mediante un préstamo hipotecario, generalmente se suele pagar una entrada, esto es, una cantidad relevante de dinero que reduzca el total a financiar para pagar la vivienda y que, de paso, sirva, en parte, como garantía de compromiso del comprador. En España, el rango suele ser de entre el 10 al 20% del valor de la propiedad. ¿Qué significa esto en términos de años ahorrando para poder afrontar esta entrada? Depende, claro está, de dónde compres la vivienda y también de cuál sea tu salario. 

El portal pisos.com, tomando como referencia las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística en relación con salarios más recientes (de 2021) y los datos de compraventa del mes de octubre de este año, los últimos disponibles, reveló que los españoles deben ahorrar un 20% de su salario durante un mínimo de 5 años para poder pagar la entrada de un piso estándar, de 80 metros cuadrados, en 15 de las 17 comunidades autónomas. 

Las Illes Balears es la comunidad autónoma en la que se requiere mayor esfuerzo para pagar la entrada de un piso en solitario. Así, con un precio medio de la vivienda de 332.960 euros y un salario medio bruto de 24.876 euros, un balear necesita ahorrar el 20% de su sueldo, o sea 319,60 euros al mes o 3.835 euros al año, durante 16,8 años para poder pagar tan solo la entrada de 66.592 euros, que corresponde a un 20% del coste medio de la vivienda. 

10,3 años en Catalunya

En Catalunya, con un sueldo medio de 27.000 euros anuales, se necesitan 10,3 años de ahorro de este 20% del salario mensual para poder pagar la entrada, mientras que en la Comunidad de Madrid, la segunda peor parada, habría que ahorrar 13 años. País Vasco, con 10,7 años necesarios de ahorro para alcanzar el precio de la entrada, es la cuarta comunidad peor parada, mientras que las siguientes ya se sitúan por debajo de los 10 años de media necesarios para pagar la entrada, ahorrando un 20% del salario mensual. Son Andalucía (7,2 años), Comunidad Valenciana (7,1 años), Cantabria (6,9 años), Navarra (6,8 años), Aragón (6,1), Asturias (5,8), Galicia (5,6), Murcia, con 5,4 años de medio, y Castilla y León, con 5 años. 

Las comunidades donde menos tiempo de ahorro cuesta pagar la entrada de una vivienda son, en el otro extremo, Castilla-La Mancha, con 3,7 años de ahorro, y Extremadura, con 4 años. 

El director de Estudios y portavoz de pisos.com, Ferran Font, alerta de que estas estimaciones se refieren a salarios medios, "por lo que habrá muchas otras personas, sobre todo por debajo de 25 o 30 años, que cobren menos y, por lo tanto, su tiempo de ahorro será mucho mayor". Y, por supuesto, habrá muchas otras que cuenten con una providencial ayuda familiar que pueda incluso reducir a 0 el número de años necesario para pagar la entrada. 

La dificultad de los jóvenes para pagar una vivienda "se ve reflejada en los últimos datos del Banco de España, que señalan como el esfuerzo que deben llevar a cabo los hogares españoles para pagar sus préstamos ha pasado del 29,9% en 2020 al 38,9% en el segundo trimestre de 2023”, apunta Font. "Esta realidad en torno a la vivienda en propiedad es lo que ha provocado, en gran medida, que cada vez sean más los españoles que deben recurrir al mercado del alquiler, lo que propicia la actual tendencia alcista de los precios", añade. 

La nueva ministra de Vivienda, cartera recién creada a raíz de la investidura, Isabel Rodríguez, debe anunciar en breve las primeras medidas para afrontar uno de los principales problemas de la sociedad y la economía española, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido como pilar de su futura legislatura.

Aún por entrar en vigor la regulación de precios de alquiler en las comunidades que así lo decidan y, por tanto, sin que la nueva Ley de Vivienda esté aún desplegada del todo, la construcción de vivienda pública y asequible se antoja como una de las medidas clave para atenuar las dificultades de las clases trabajadoras y medias para acceder a un bien esencial. Mientras tanto, un sueldo medio sigue siendo del todo insuficiente para afrontar una vivienda digna con garantías, sobre todo en las grandes ciudades y zonas más tensionadas.