La Comisión Europea ha transferido este viernes 42.800 millones de euros a cinco Estados miembros (Italia, Portugal, Chipre, Malta y España) en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de los fondos Next Generation. Este desembolso, el quinto para España, asciende a 23.100 millones (7.000 en préstamos y 16.000 en subvenciones), tras cumplirse 82 de los 84 hitos exigidos, según ha confirmado el Ejecutivo comunitario.

Entre los requisitos cumplidos por España destacan 20 reformas estructurales y 49 inversiones, con progresos en áreas como:

  • Energías renovables: Mejoras en la conexión a la red eléctrica y reducción de trabas burocráticas.
  • Gobernanza económica: Creación del Consejo de Finanzas Sostenibles.
  • Modernización judicial: Medidas para agilizar la eficiencia del sistema.
  • Ciberseguridad: Apoyo a pymes y refuerzo de la protección digital ciudadana.
  • Transporte sostenible: Inversiones en trenes de corta distancia.

No obstante, Bruselas ha retenido aproximadamente 500 millones vinculados a dos metas pendientes: una reforma fiscal y la digitalización de administraciones regionales y locales. España dispone de seis meses para completarlas.

Fondos recuperados y desafíos pendientes

La CE también ha suspendido 627 millones previamente abonados a España debido al retroceso en una meta relacionada con la reducción de la temporalidad en el empleo público. Este monto, descontado del quinto pago, podría reembolsarse si el país corrige la situación en el plazo establecido.

Hasta ahora, España ha recibido 71.000 millones (el 44% de su asignación total de 163.000 millones), consolidándose como uno de los países con mayor avance en la ejecución de los fondos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha subrayado que este desembolso equivale al 1,5% del PIB y refuerza el plan como "palanca clave" para la modernización económica.

La Comisión ha destacado que los fondos están sujetos a un estricto seguimiento, asegurando que las reformas se implementen con transparencia. Mientras tanto, España afronta el reto de cumplir las metas pendientes para acceder a nuevos pagos en 2024.

Sin dejar el ámbito de las ayudas europeas, España afrontará una reducción del 20% en las partidas agrícolas y de desarrollo regional asignadas por la Comisión Europea para el próximo marco presupuestario de la UE (2028-2034), según la propuesta preliminar presentada a mediados de julio.

Menos fondos para cohesión y agricultura

Del Fondo de Cohesión, España recibirá unos 80.000 millones de euros, frente a los casi 100.000 millones del periodo actual (2021-2027), una caída que se acentúa al ajustar la cifra por inflación. La Política Agrícola Común también se verá recortada, aunque la Comisión no ha detallado aún el monto exacto.

El ajuste refleja los cambios demográficos (España ha perdido peso poblacional en la UE) y las nuevas prioridades comunitarias, como la transición verde y la defensa. No obstante, el Gobierno de PSOE y Sumar ya ha expresado su desacuerdo, argumentando que perjudica a regiones aún en recuperación. La propuesta deberá negociarse con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, por lo que las cifras podrían modificarse. España buscará aliados para suavizar el recorte antes de la aprobación definitiva.