La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) plantea una reforma del marco urbanístico para agilizar trámites y facilitar la construcción de viviendas en España. La crisis se agrava y el Banco de España calcula ya que el déficit de viviendas en España supera los 750.000 hogares, 150.000 que hace dos años. Y en este contexto, el organismo que regula la Competencia señala hoy que la elevada complejidad regulatoria y administrativa del proceso urbanístico limita la disponibilidad de suelo, encarece los proyectos y dificulta el acceso a la vivienda.
Así, la CNMC lanza un informe donde analiza todas las fases necesarias para transformar suelo en vivienda, desde la planificación urbanística hasta la concesión de licencias de edificación. Según el organismo, el precio y la disponibilidad de vivienda dependen de múltiples factores, aunque destaca que el suelo puede representar hasta el 45% del coste final de una vivienda.
Por ello, considera que mejorar la eficiencia del sistema urbanístico contribuiría a reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta tanto de vivienda libre como protegida. Competencia afirma que España cuenta con una de las regulaciones sobre el uso del suelo más restrictivas de los países de la OCDE y señala que el proceso urbanístico se caracteriza por una excesiva complejidad, inseguridad jurídica, rigidez normativa y lentitud administrativa.
Entre los principales problemas identificados figura la escasa flexibilidad del planeamiento urbanístico, que limita la capacidad de adaptar el suelo disponible a los cambios en la demanda de vivienda. También advierte de que la nulidad de los planes urbanísticos y las dificultades para modificarlos pueden paralizar nuevos desarrollos durante largos periodos.
La CNMC también detecta ineficiencias en las fases de urbanización y edificación. En ambos casos, la acumulación de trámites técnicos y administrativos, junto con la existencia de múltiples controles e informes sectoriales, alarga los plazos de ejecución y aumenta los costes de los proyectos. Aunque estos controles responden a objetivos ambientales, patrimoniales o de infraestructuras, el regulador considera que su falta de coordinación genera duplicidades y retrasos innecesarios.
Para corregir estas deficiencias, el organismo plantea un amplio paquete de reformas orientadas a simplificar la normativa urbanística y mejorar la coordinación entre administraciones. Entre sus recomendaciones figuran flexibilizar la clasificación y los usos del suelo, agilizar la modificación de los planes urbanísticos, reducir la carga documental de los instrumentos de planeamiento y simplificar los procedimientos de gestión urbanística.
Asimismo, propone acelerar la concesión de licencias mediante un mayor uso de las declaraciones responsables, revisar la necesidad de algunos informes sectoriales y sustituir, cuando sea posible, el silencio administrativo negativo por el positivo. También aboga por reforzar la transparencia y la previsibilidad de la actuación de las administraciones públicas en materia de suelo.