Este lunes, el Cercle d'Economia publicó una nota de opinión en la que pedía un gran pacto publicoprivada para abordar el problema de la vivienda en Catalunya y en España, así como defendían eliminar los topes a los precios del alquiler y apostar, en su lugar, por la subvención del alquiler a través de un modelo de "pisos concertados" en los que el sector público paga una parte del alquiler al privado y la otra la paga el inquilino. Este modelo ya existe en Catalunya, pero tiene un alcance limitado. 

Más concretamente, la Generalitat tiene tres programas de vivienda subvencionada que no llegan a las 2.000 familias. El programa Reallotgem, que esperaba llegar a 1.750 viviendas a finales de 2024, ha alcanzado desde 2021 a 500 familias. El Govern paga el alquiler a un propietario privado para que en la vivienda pueda vivir una familia o individuo vulnerable. Eso sí, lo máximo que puede cobrar un propietario por este alquiler es 900 euros al mes en el ámbito metropolitano de Barcelona y entre 600 y 650 en otras zonas de Catalunya. 

En otro programa, Garantim, la Generalitat subvenciona directamente al inquilino el precio del alquiler, sin mediar con el propietario. Entre 2022 y 2023, se resolvieron 60 resoluciones favorables con un importe total de 271.273 euros. 

Y, por último, Catalunya tiene también activa la red de mediación para el alquiler social, en que se captan pisos vacíos en una bolsa pública con precio por debajo del mercado y el Govern hace un seguimiento para aportar seguridad y profesionalidad a ambas partes. Este tipo de mediación sirvió para que se alquilaran 1.118 viviendas en Catalunya en el año 2023. En total, 1.668 familias beneficiadas por programas de ayuda pública para alquileres privados.  

La propuesta del Cercle, inspirada en una política de Dublin (ciudad con 10.000 personas viviendo en la calle), pasa, sin embargo, por el pago de un alquiler a precio de mercado, con la administración pública asumiendo la parte de la renta que el inquilino o familia inquilina no pueda asumir. Y el lobby económico lo que pide es "un gran pacto publicoprivado" para que este modelo ayude a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos vulnerables e iría de la mano de la eliminación del tope a los precios del alquiler de la vivienda. 

Un posible ahorro para Barcelona

"Con un gasto de unos 5.000 euros al año por persona, Barcelona podría ahorrarse parte de lo que gasta en pensiones para realojar a familias desahuciadas y que además estuvieran en un piso", calculó en rueda de prensa el director general del Cercle, Miquel Nadal. En efecto, partiendo de este coste, el consistorio gastaría unos 15 millones de euros en pagar los 3.000 alquileres al mes de media que en 2023 fueron pensiones y albergues. En 2022, último año con cifras disponibles, Barcelona gastó 27 millones en alojar a 2.300 personas al mes, por lo que el Ayuntamiento podría ahorrarse hasta la mitad de lo que gasta si utilizara este método (en caso de que bastara con los 5.000 euros al año de media que estima el Cercle). 

Con ese mismo gasto promedio, si el gobierno español decidiera subvencionar los alquileres del millón y medio de familias vulnerables con problemas para pagar la vivienda que calcula el Cercle que existen en España, el Gobierno debería de gastar 7.500 millones de euros más al año, con lo cual duplicaría los 6.900 millones que gasta en vivienda al año actualmente y aumentaría su bajo gasto en vivienda, del 0,2% del PIB. 

El Cercle apuesta por un aumento del gasto público y una menor regulación porque considera que "los propietarios siempre tienen forma de trasladar las regulaciones a los más vulnerables, los inquilinos" y porque cree que "la administración no debe traspasar la responsabilidad al sector orivado", segun dijo este lunes el director general del Cercle, Miquel Nadal. La ley de vivienda, destacó Nadal, tiene un efecto "contraproducente" al reducir la oferta y por tanto ayudar a los precios a dispararse. 

En la rueda de prensa, en la que también pidió aumentar la construcción de vivienda social y fomentarla entre los constructores privados, el Cercle repasó algunas cifras de su estudio que retratan la situación actual de la vivienda en España.  Entre ellos, la evolución de costes y salarios mostrada por el informe, que refleja un aumento del 50% en el precio de la vivienda desde 2014 por una subida de la renta tan solo del 20%.

El precio de una vivienda de 50 metros cuadrados, refleja el estudio, equivale al 75% de la renta media de un joven. Ante este panorama, la edad media de emancipación de los jóvenes es en España es de 30 años, lo que la coloca en el tercer peor puesto de Europa por detrás de Grecia y Eslovaquia y es tres años superior a los 27 de media de la Unión Europea. 

En las raíces del problema, el Cercle apuntaba sobre todo a la "escasez" de vivienda tanto de mercado como protegido, así como a las desgravaciones a la compra y, por último, a la salida de la mayor parte de la vivienda social hacia el mercado de precio de libre por las finalizaciones de calificaciones de protección oficial de la mayoría de viviendas construidas en la segunda mitad del siglo XX. El Cercle destacó que la vivienda pública en España representa el 1,4% sobre el total, más de cuatro veces inferior al 8% medio de la OCDE. El alquiler, además, representa en España solo el 24% del mercado de vivienda, muy por debajo de Alemania, donde es un 54%, y de la media de la UE, que es del 35%.