La propuesta de Ley de Cámaras, consensuada por las 13 cámaras de comercio catalanas, se ha entregado este jueves al Parlament de Catalunya y a los principales grupos parlamentarios. Cuenta con el apoyo de las grandes patronales, sindicatos, del Govern de la Generalitat y, en principio, también de los grupos del PSC, Junts, ERC y PP, que garantizan la mayoría parlamentaria para aprobarla.
Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Barcelona y también del Consell General de Cambres de Catalunya, ha celebrado que este "amplio consenso" permitirá aprobar la ley aunque sea con una década de retraso. En este sentido, ha subrayado que se trata de una "propuesta de consenso que pondrá punto y final a más de diez años en que Catalunya no ha dispuesto de una ley autonómica propia para regular las cámaras de comercio". Y ha añadido que, con esta norma, "no solo ganarán las cámaras de comercio, sino el conjunto de la economía".
En primer lugar, la nueva Ley de Cámaras permitirá adaptar la normativa catalana a la Ley básica estatal de Cámaras de Comercio de 2014. Desde aquel año, Catalunya ha sido una de las pocas comunidades que no ha dispuesto de una ley cameral actualizada y se ha regido por una regulación anterior, ya obsoleta.
Esta futura Ley de Cámaras permitirá "reforzar institucionalmente Catalunya y el apoyo al crecimiento social y económico, así como la colaboración entre las administraciones públicas y el sector empresarial en un contexto global complejo", según recuerda el Consejo General en un comunicado.
Entre las novedades que introducirá, la nueva ley "perfilará" mejor las funciones públicas de las cámaras, especialmente en relación a la representación y su relación con las administraciones públicas y definirá los instrumentos de colaboración.
En concreto, el texto reconoce las cámaras como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.
También promoverá la creación de planes camerales, con el objetivo de dar apoyo al desarrollo de las empresas catalanas mediante la colaboración con las administraciones públicas. En materia de financiación, la normativa establece un convenio por un importe progresivo de 3 millones para 2026, 5 millones para 2027 y 7 millones para 2028.
Como conclusión, las cámaras catalanas señalan que la nueva ley servirá de base para desarrollar con más garantías la misión histórica de las cámaras de comercio de representación de los intereses generales de la economía, apoyo al desarrollo de las empresas y colaboración con el sector público. Así, permitirá impulsar y mejorar la prestación de servicios a las empresas en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, la internacionalización y la economía digital. También supondrá un impulso extra a la representación de sus intereses en todos los ámbitos que sean competencia de las cámaras.
En el acto de entrega de la propuesta al Parlament de este jueves han participado Jaume Fàbrega (presidente de la Cambra de Girona), Ramon Alberich (Sabadell), Jaume Saltó (Lleida), Laura Roigé (Tarragona), Sílvia Gratacòs (Manresa), Pol Fages (Palamós), Mario Basora (Reus), Albert Sibils (Sant Feliu de Guíxols), Francesc Faiges (Tortosa), Josep Maria Rovira (Valls) y Jordi Rodríguez (vicepresidente tercero de la Cambra de Terrassa). También han participado Carme Martinell, directora gerente del Consell General de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch Andreu, adjunto a la dirección del Consell y Eduard Borràs, secretario.