La Comisión Europea afirma que está "convencida" de poder resolver las quejas de los pescadores por las nuevas reglas para pesar y certificar digitalmente las capturas. Después de que diversas cofradías -entre las más destacadas estaban las catalanas- amarraran sus embarcaciones el pasado enero con motivo de la huelga convocada en el sector por la nueva ley, Bruselas cree que hay margen para la reconciliación.
Si bien la Comisión se niega a reabrir las normativas comunitarias, el ejecutivo asegura que la "flexibilidad" contemplada en los textos permitirá "encontrar soluciones a nivel técnico". "La flexibilidad está ahí", ha subrayado este miércoles desde el Parlamento Europeo el jefe de la unidad para Pesca del ejecutivo comunitario, Jérôme Broche, según informa la agencia ACN.
"Hemos escuchado que había dificultades, pero estamos razonablemente convencidos de que podemos encontrar soluciones a nivel técnico sin reabrir la regulación", ha destacado ante los eurodiputados del comité de Pesca, algunos de los cuales han criticado duramente las nuevas exigencias de Bruselas.
En este sentido, Brôche ha sostenido que modificar la normativa "crearía una gran incertidumbre entre los operadores del sector". De hecho, el jefe de la dirección general ha reconocido que abrirse a nuevos cambios es un aspecto "delicado" que iría "en contra" la flexibilidad y "el equilibrio" alcanzado en el momento en que los colegisladores dieron luz verde a las medidas.
Quejas de los pescadores
La comparecencia del representante de la Comisión Europea responde a las protestas del sector pesquero por el nuevo sistema para pesar y certificar digitalmente las capturas, conocida oficialmente como regulación del control de capturas.
La normativa genera rechazo en diversos aspectos, como la obligatoriedad de los barcos de contar con un sistema electrónico de seguimiento de las capturas -obligatorio para las embarcaciones de más de 12 metros a partir de este 2026 y para todas las embarcaciones a partir del 2028- o la exigencia de notificar con cuatro horas de antelación la entrada a puerto.
Si bien el sector tampoco niega la necesidad de controlar de forma más efectiva las capturas, también considera que una burocracia excesiva y una elevada carga administrativa pueden poner en peligro la seguridad marítima.