El tejido productivo catalán se enfrenta a una de sus pruebas de fuego más complejas en la reciente historia digital. Meses antes de la implantación obligatoria de los sistemas de facturación electrónica, conocidos como Sistema Verifactu, un 75,6% de los pequeños comercios catalanes aún no dispone de los softwares necesarios para adaptarse a la normativa. La cifra, extraída de una encuesta realizada por Pimec entre sus asociados, pinta un escenario crítico y revela una alarmante falta de preparación que, según la patronal, "puede poner en riesgo la supervivencia de miles" de negocios.

El estudio, llevado a cabo entre el 4 de agosto y el 22 de septiembre con 335 respuestas, mayoritariamente del sector servicios, actúa como una radiografía de la situación. Los datos no solo muestran un vacío tecnológico, sino también un profundo desconocimiento y una sensación generalizada de incertidumbre. Ante este panorama, Pimec ha lanzado un llamamiento desesperado a las administraciones: solicitan una moratoria mínima de dos años –prorrogando el plazo hasta 2028– y un "plan de choque" con subvenciones directas, deducciones fiscales y apoyo técnico para evitar una ola de cierres. El porcentaje del 75,6% esconde una realidad mucho más compleja y preocupante.

Mònica Gregori, presidenta de Pimec Comerç, "comparte totalmente el objetivo de transparencia y control fiscal que persigue la norma, pero no podemos ignorar la realidad del tejido comercial y turístico catalán que hoy en día no dispone de todos estos recursos para dar este salto digital con garantías". Gregori remarca que el sistema requiere un "esfuerzo económico y humano" que muchos comercios de proximidad no están en condiciones de afrontar. El análisis de Pimec no se queda en una visión general, sino que profundiza en los colectivos y sectores más vulnerables. Los comerciantes han identificado con precisión los escollos que les impiden avanzar:

-Desconocimiento técnico o legal (62,5%): La complejidad de la normativa les resulta inabarcable.
-Gastos de adaptación del software (53,8%): La inversión inicial es vista como un lujo inasumible.
-Falta de apoyo o información (52,3%): Se sienten abandonados a su suerte, sin una guía clara.

Como solución, la respuesta mayoritaria de los encuestados (64,4%) es clara: piden asesoramiento personalizado que los acompañe en todo el proceso, una medida que va más allá de las simples ayudas económicas. Al ver el cúmulo de dificultades, Pimec no se limita a alertar, sino que presenta una propuesta concreta. Consideran que el plazo actual –1 de enero de 2026 para empresas y 1 de julio del mismo año para autónomos– es totalmente irreal y supone una amenaza existencial. La batalla entre la modernización fiscal y la supervivencia del comercio de proximidad acaba de empezar. Y todo apunta a que el próximo año será decisivo para la configuración del paisaje comercial catalán tal como lo conocemos hoy.