Unos 60.000 autónomos siguen pendientes de las reclamaciones que las mutuas han realizado por las prestaciones que se concedieron en la pandemia y que ahora piden devolver por incumplir o no justificar adecuadamente requisitos, según las estimaciones de la unión de autónomos UPTA.
Del total de 1,7 millones de prestaciones concedidas por cese de actividad durante la pandemia, unas 150.000 se han visto en proceso de revisión de las que un 60% ya se ha solventado y otro 40% sigue pendiente, que son esas 60.000 ayudas que siguen pendientes, de acuerdo con cifras facilitadas por UPTA a EFE.
Consultados por el tema, ni la patronal de las mutuas AMAT ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han facilitado datos de estas reclamaciones de las prestaciones pagadas a autónomos durante la pandemia. "Todavía están en proceso. No disponemos de estos datos", aseguran a EFE desde AMAT.
En la mayoría de los casos que siguen pendientes, explica a EFE el presidente de UPTA, Eduardo Abad, el problema está en que no pueden justificar documentalmente la caída de ingresos que sufrieron y que permitía acceder a esas ayudas. Las circunstancias son variadas, hay autónomos que aseguran que han optado por pagar para no enredarse en reclamaciones interminables que terminan teniendo un coste personal elevado, pero no todos cuentan con un colchón financiero.
Es la situación de Marina (nombre ficticio) a quien la Comunidad de Madrid y la Seguridad Social le reclaman más de 7.000 euros por ayudas y exenciones de cuotas entre septiembre de 2021 y junio de 2022. "Ese dinero se pidió en un momento que hacía mucha falta y se destinó a necesidades básicas", expone Marina que reconoce "la frustración y la impotencia" que siente ante la compleja gestión de unos expedientes que se acumulan, con unas notificaciones en las que no se terminan de aclarar las causas por las que les reclaman estas cantidades.
"Mi negocio sigue igual o peor que en ese momento y ahora tengo que devolver ese dinero", señala Marina que se siente desprotegida y que está dispuesta a llegar a juicio. A Álvaro, profesional del ámbito educativo, Asepeyo le reclama más de 11.000 euros de tres tramos de ayudas (se renovaban cada tres meses) por haber estado de alta en la Seguridad Social 24 horas para una suplencia en una residencia por la que cobró 140 euros, cuando se suponía que no podía tener otros ingresos además de la prestación.
Álvaro ha demandado a Asepeyo argumentando la falta de proporcionalidad de una reclamación de miles de euros por haber ingresado tan solo 140 euros y el principio de buena fe que según la "doctrina Cakarevic" exime de devolver prestaciones dirigidas a cubrir necesidades básicas. Irán a juicio en octubre de 2027, pero la mutua no ha notificado esta cuestión procesal a la Seguridad Social que le ha remitido una providencia de apremio para el cobro de la deuda.
"Casi peor que el dinero que me reclaman es el caos de la Tesorería General de la Seguridad Social", dice Álvaro, que ha tratado de impugnar la providencia, pero no encuentra al teléfono a funcionario alguno que sepa explicarle cómo y dónde hacer una reclamación que le han negado presencialmente en las oficinas del organismo.
Una ingente labor de gestión en la pandemia
Estas prestaciones se articularon en la pandemia para dar cobertura a un colectivo habitualmente fuera del paraguas de la protección social, lo que generó una carga de trabajo adicional.
El Tribunal de Cuentas ya señaló que la "ingente labor de gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor de la pandemia conllevó "deficiencias", ya que se dieron "resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas" o, incluso, autorizadas por órganos que no eran competentes.
En ese momento, resumían, los organismos competentes restringieron los controles previos dando prioridad a la protección y a la concesión de ayudas sin haber confirmado el cumplimiento de requisitos o de forma duplicada, entre otras, una situación que también se vivió con las ayudas a autónomos.
Reforma del paro de los autónomos
Al margen de los problemas con la prestación extraordinaria de la pandemia, en la actualidad los autónomos siguen encontrándose con un alto porcentaje de solicitudes denegadas cuando reclaman el cese de actividad (el paro de los autónomos).
Según datos recogidos por UPTA hasta mayo de este año, se han presentado 7.781 y se han concedido 3.948, lo que supone que el 50% de solicitudes de prestaciones por cese de actividad son rechazadas.
El Ministerio de Inclusión ya se ha comprometido a simplificar y mejorar esta prestación en una mesa en la que trabajan junto a los agentes sociales y las principales asociaciones del sector.