La Generalitat ha puesto en marcha desde el primer día de aplicación de la normativa que limita los precios del alquiler un total de 529 expedientes sancionadores en las llamadas zonas de mercado tensionado. Según los datos facilitados por la consejería, la gran mayoría de estos expedientes, un 74%, han sido abiertos de oficio por la misma inspección, mientras que el 26% restante se ha iniciado a raíz de denuncias presentadas por particulares. El despliegue del cuerpo de inspectores, según ha explicado el departamento, se está haciendo de una manera progresiva y coordinada con los ayuntamientos, con el objetivo de abarcar todo el territorio de manera eficiente. Del total de expedientes abiertos, el 89% se encuentran todavía en la fase de diligencias previas, que es el primer escalón del procedimiento y corresponde a la investigación inicial de los hechos denunciados o detectados por la inspección.
De estos, la mayoría tienen como motivo principal el hecho de que el alquiler supera el importe máximo de renta establecido para la zona; concretamente, un 79% de los casos investiga esta infracción. En algunas situaciones, este incumplimiento aparece combinado con otras vulneraciones de la normativa, como la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato al inquilino, la falta de constancia de la condición de gran tenedor o la omisión del precio en el contrato. También se han detectado casos en los que no se hace constar la finalidad del contrato, que corresponden a alquileres de temporada o de uso diferente de la vivienda habitual.
En un pequeño porcentaje de los expedientes, concretamente en siete casos, ya se ha iniciado formalmente el procedimiento sancionador. Esto significa que se han superado las fases previas de investigación y que se ha formulado una propuesta de sanción. En cuanto a los expedientes que han quedado atrás, un 10% del total —51 expedientes— han sido archivados, bien sea en fase de diligencias previas (18) o de manera definitiva (31). Además, se han anulado dos. La causa principal de archivo de las denuncias de particulares ha sido que el contrato de arrendamiento era anterior a la entrada en vigor de la ley, y por lo tanto no estaba sujeto a la normativa.
Barcelona acumula el 40% de los expedientes
Por demarcaciones, la de Barcelona concentra la mayoría de los expedientes abiertos, con 402, lo cual representa el 76% del total. Le sigue Tarragona, con 60 expedientes (11,3%); Girona, con 48 (9%); y Lleida, con 19 (4%). En el ámbito municipal, Barcelona capital acumula 210 expedientes, es decir, el 40% de todos los abiertos en Catalunya. Destacan también los casos de Girona, con 31 expedientes; Badalona, con 23; y Sitges, con 14. Estos datos reflejan tanto la concentración de población como la intensidad del mercado de alquiler en estos municipios, que han sido declarados zonas de mercado tensionado.
En el marco del despliegue de la unidad inspectora, en colaboración con la administración local, se han realizado ya algunas inspecciones en materia de contención de rentas con el Ajuntament de Barcelona. Concretamente, el pasado 15 de abril se llevaron a cabo 17 inspecciones en 11 ubicaciones diferentes de la ciudad, en una operación conjunta con el consistorio y con el apoyo de la Guàrdia Urbana. En aquella actuación se detectaron 12 viviendas con posibles incumplimientos, la mayoría de las cuales son pisos destinados al arrendamiento de habitaciones. Las investigaciones sobre estos inmuebles continúan abiertas, según ha informado el Departament de Territori. La intención de la Generalitat es continuar ampliando este tipo de actuaciones coordinadas con los ayuntamientos para hacer efectiva la norma allí donde se concentran más infracciones.