La ministra Margarita Robles denunciaba estos días el secuestro del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular. Concretamente señalaba que no va a aceptar que el PP quiera utilizar el tema de los indultos concedidos a los presos políticos catalanes para atacar al gobierno “cuando este partido tiene secuestrado al Consejo General del Poder Judicial”. 

Todos sabemos que el Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones más de dos años, precisamente porque el Partido Popular está bloqueando la renovación de sus miembros, que además en su mayoría fueron nombrados por el Partido Popular.  No es la única institución bloqueada, que debería haber nombrado a nuevos cargos. Sucede lo mismo con el Tribunal Constitucional, con el Defensor del Pueblo y con el Tribunal de Cuentas. 

Consejo General del Poder Judicial

El artículo 122 de la Constitución Española proclama al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno del Poder Judicial, integrado por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Para su estatuto y sus funciones la Constitución se remite a la Ley Orgánica que lo regula. 

La Ley 1/1985 se encarga de regular, entre otras cuestiones, la manera de renovar a sus cargos. Y establece en su artículo 568 que el Consejo General del Poder Judicial se renovará cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en el plazo establecido. Esto es lo que dice la ley, pero ya sabemos que esto ahora mismo no está sucediendo y que hace más de dos años que debería haberse renovado a sus miembros y no se ha hecho. 

La principal razón se encuentra en el sistema de elección de sus vocales que requiere la mayoría cualificada de 3/5 de cada una de las cámaras: Congreso y Senado. Como ningún grupo parlamentario tiene esta mayoría, deben ponerse de acuerdo para proceder a la elección y renovación, cosa que no está siendo posible. 

Había un pacto entre los principales partidos, PSOE y PP mediante el cual se repartían los nombramientos en proporción a sus escaños. Así se venía haciendo hasta ahora, pero el Partido Popular no está de acuerdo porque perdería la mayoría de representación que ahora mismo ostenta.

Este bloqueo evidencia que el sistema no funciona bien. Que no puede depender el órgano de gobierno de los jueces de los políticos. Porque al final, sucede lo que estamos viendo en estos momentos: el Partido Popular bloquea la renovación porque no le interesa, ya que perdería la mayoría de cargos de su cuerda en esta institución, lo que evidencia además de su falta de seriedad, de cumplimiento de sus acuerdos, la politización evidente de la justicia y su falta palmaria de independencia. 

El Tribunal de Cuentas

Pero el Consejo General del Poder Judicial no es el único órgano que se encuentra bloqueado por deseo del Partido Popular y ante la falta de mecanismos. El Tribunal de Cuentas, que tanto está ocupando titulares estos días, se encuentra en una situación similar. 

La mayoría de sus miembros han sido presentados por el Partido Popular, cuando tenía mayoría en las Cortes. Su renovación ha de producirse cada 9 años. Sin embargo, su mandato termina el próximo 23 de julio y ante el bloqueo del Partido Popular, nos volvemos a encontrar con que no será posible hacer nuevos nombramientos. 

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Maria José de la Fuente, sobrina de ministro franquista, envió una carta el pasado mes de marzo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para indicarle que tocaba ya renovar a los cargos del Tribunal. La presidenta del Congreso dio traslado a los grupos parlamentarios para que abordasen los nuevos nombramientos, porque corresponde a ambas cámaras nombrar a la mitad cada una. 

Ahora mismo 7 de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas fueron nombrados por el Partido Popular, y precisamente es el partido de Pablo Casado quien se niega a convocar los procedimientos y a participar en ellos para la renovación de los miembros. 

La semana pasada se celebró el último pleno del Tribunal de Cuentas basándose en su calendario oficial. Pero como no han obtenido respuesta del Congreso para su renovación, acordaron que se volverán a reunir el próximo 29 de julio en la próxima sesión plenaria, fuera ya de su plazo de mandato que concluye el 23 de julio. O sea, que vamos de cabeza hacia un Tribunal de Cuentas en funciones. Otra más. Y precisamente porque se les terminaba el plazo, se entiende que hayan tenido tanta prisa en abrir el procedimiento contra los independentistas catalanes,  y muy confiados en la renovación de los miembros, el PSOE considera que esta persecución a los catalanes se podrá salvar en cuanto se salve el obstáculo de los nuevos nombramientos.

Una evidencia más de que aquí nadie considera que el órgano sea independiente, algo que además cuesta trabajo asimilar cuando se conoce la endogámica existente entre sus miembros. Como el foco se ha puesto en estas cuestiones precisamente estos días, el Tribunal de Cuentas publicó un comunicado en la tarde del jueves muy inusual. 

Porque es raro ver que una institución reclame que se respete su independencia. Y lo hacía en un escrito donde había cuestiones que no eran ciertas. Señalaba, por ejemplo que los nombramientos de sus cargos se hacen con absoluta transparencia, cumpliendo los criterios de limpieza establecidos. Algo que, a juzgar por las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en su contra en algunas ocasiones, bien serviría para no hacer afirmaciones tan grandilocuentes. 

También decía el comunicado que sus resoluciones no son recurribles en otras instancias. Otra cosa que no es cierta, puesto que las resoluciones o sentencias del Tribunal de Cuentas pueden ser recurridas ante la vía Contencioso Administrativa. 

Parece increíble que no haya una vía que garantice que los órganos se renueven cuando corresponde. Es inaudito en un Estado de Derecho y Democrático tan vibrante como el nuestro que tengamos que ver al Gobierno pidiéndole al PP a que cumpla con su obligación.

El Tribunal Constitucional

Desde noviembre de 2019 el Congreso debería haber designado a 4 nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional basándose en el artículo 159.1 de la Constitución. Otra vez más, el bloqueo del Partido Popular bloquea la renovación y el Constitucional sigue funcionando en medio de esta gravísima anomalía, dictando sentencias.

El Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo está en situación de interinidad desde el año 2017, cuando expiró el mandato de 5 años de Soledad Becerril. Las competencias las asumió Fernando Fernández Marugán, que era el número dos de la institución.  El cargo se debe consensuar normalmente entre las dos principales fuerzas políticas y es habitual que se produzcan bloqueos.

Precisamente las leyes parecen estar hechas para permitir este tipo de situaciones tan absurdas que bloquean el normal funcionamiento de instituciones fundamentales en el Estado. Es como si de alguna manera, el sistema estuviera articulado para que los principales partidos tuvieran la llave en todo momento de colocar a sus afines para, nunca mejor dicho, afinar mediante las togas lo que la política no es capaz de resolver con mayorías democráticas. 

El atado y bien atado era, en parte, esto. Y no deja de ser sorprendente que aquí se esté aplicando la ley de manera retorcida para meter en prisión y desposeer de su patrimonio a quienes cuestionan estas aberraciones y no le pase nada a quien a todas luces está secuestrando las herramientas fundamentales de administración de la supuesta justicia que, por ausente, no tenemos.