El Tribunal de Cuentas reclama más de 5 millones de euros por la promoción exterior del proceso independentista catalán. Concretamente, la sección de Enjuiciamiento ha señalado para el próximo día 29 de junio la formalización de las imputaciones, aunque una de las vocales del Tribunal ha manifestado un voto particular expresando que considera que no ha lugar para este proceso. No es la única cantidad que se pide, pues hay otro expediente donde se señala a otros casi cinco millones de euros, por lo que la suma total ronda los 10 millones.

El expediente se ha abierto contra los presidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, además de contra el vicepresident Oriol Junqueras y contra los consellers Andreu Mas-Colell, Raüll Romeva, o Jordi Turull, entre más de una treintena de cargos y funcionarios de la administración catalana.

El proceso está en fase preliminar y algunas de las defensas de las personas llamadas a declarar han señalado al Tribunal de Cuentas cuestionándole como órgano fiscalizador y jurisdiccional. Además se alega también en algunos casos indefensión, puesto que el expediente está compuesto por miles de carpetas y no están detallados con claridad los conceptos por los que se les exige responsabilidad a cada uno.

En principio deberán entregar las cuantías que se les piden, siendo devueltas en caso de que finalmente el asunto no llegue a condenarles. Esto supone un varapalo innegable a la economía personal de cada una de las cuarenta personas llamadas a declarar. El asunto ha sido tan sorprendente y de tal gravedad, que ha habido un apoyo masivo, por ejemplo de firmas internacionales entre las que se encuentran premios Nobel (concretamente 33) en solidaridad y apoyo a Mas-Colell.

Desde ERC, la eurodiputada Laura Castel ha considerado que esta actuación es un acoso económico ante el Consejo de Europa y ha tachado al órgano de ser “franquista”. El Gobierno ha afirmado que estudiará cómo librar a los líderes del 'procés' de las multas del Tribunal de Cuentas. Concretamente el ministro Ábalos considera que estos cargos son piedras en el camino para el proceso de diálogo con la Generalitat.

Unas declaraciones que dejan claro que el Tribunal de Cuentas no está en absoluto coordinado con el Gobierno, sino más bien todo lo contrario. Para entender bien qué es lo que está sucediendo, es importante saber qué es el Tribunal de Cuentas y, sobre todo, quiénes lo componen. Así podremos saber por qué desde ERC se han hecho esas apreciaciones y por qué el ministro Ábalos ha considerado lo que acabamos de ver.

La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. El Tribunal de Cuentas se configura en la Constitución como el supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público.

¿Cómo se configura el Tribunal de Cuentas?

Son órganos del Tribunal de Cuentas el Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. El Interventor y el Servicio Jurídico del Estado tienen el carácter de órganos de apoyo y de otros órganos que actúan en el Tribunal.

Los nombramientos de sus cargos han sido muy criticados, porque recaen en los dos principales partidos políticos: PP y PSOE. Por ello, se ha cuestionado por otras formaciones la falta de representatividad del arco parlamentario. La mayoría de los miembros ha recaído en nombramientos a instancia del Partido Popular, y ahora conoceremos algunos de los perfiles que forman parte de este interesante tribunal.

En el año 2018 la comisión de gobierno fue renovada al cumplirse su mandato y por primera vez en la historia democrática pasó a estar controlada totalmente por consejeros del Partido Popular.

Hagamos un repaso:

  • Presidenta: Excma. Sra. Doña María José de la Fuente y de la Calle. Sobrina del ministro franquista Licinio de la Fuente. Dos primas suyas, hijas del ministro, también trabajan en el Tribunal. De hecho, esto no es algo raro, ya que se estima que el 10% del personal que trabaja en la institución, de unos 700 en total, o sea, unas cien personas, son familiares o amigos entre sí.

  • Don Javier Medina Guijarro. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado). Propuesto por el PP. 4 sentencias y 2 autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le han dado la razón al funcionario que le denunció, con lo que impidió que Medina colocara a su hermano en una plaza de subdirector, excelentemente remunerada. Las cuatro sentencias terminaron en 2017 en una condena de 38.000 euros al Tribunal de Cuentas por estas resoluciones contrarias a derecho y el continuo incumplimiento de los mandatos del Supremo. Aunque el escándalo fue por su hermano, que sigue trabajando allí. Pero no es el único: una hermana, María Consuelo Medina, su esposa, María del Carmen Higueras, y una pariente lejana de su esposa, María Pérez Michaus trabajan en la institución.

  • Don José Manuel Suárez Robledano. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso) también propuesto por el PP. Su nombre también ha ocupado titulares de prensa por un nombramiento que fue finalmente tumbado por el Supremo. Concretamente el de Pérez-Cruz Martín, que ni siquiera había solicitado la plaza. La sentencia, 590/2019 de 30 de abril, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, dice de forma muy clara que "el Tribunal de Cuentas ha resuelto la adjudicación del puesto de trabajo con una justificación inconsistente".
     
  • Doña María Antonia Lozano Álvarez. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso). Nombrada por el PSOE. Ha redactado la sentencia condenatoria a Ana Botella y sus concejales de Gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) al fondo Blackstone fue propuesta por Izquierda Unida. Colega de despacho en su juventud de Manuela Carmena. Como todos sabemos, Ana Botella finalmente no fue condenada porque el propio Tribunal de Cuentas revocó esta sentencia inicial haciendo valer el peso de los consejeros afines al PP. Los dos consejeros que suman mayoría y que han votado a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella y José Manuel Suárez Robledano.
     
  • Excma. Sra. Doña María Dolores Genaro Moya. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado). Propuesta por el PSOE. Precisamente es una de las voces discordantes en el asunto que ahora mismo se investiga. Según el voto particular de esta Consejera: "no parece que exista una extralimitación de la acción exterior ejercida por la Generalitat en relación con el ámbito competencial que le corresponde".
     
  • Don Manuel Aznar López. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado). El apellido seguro que te suena. Normal. Es hermano mayor del expresidente del gobierno del PP, José María Aznar. Sobran más comentarios.
     
  • Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado). Exministra de Aznar. Hija de jaime mariscal moreno, durante el franquismo fue en los años 40 y 50 miembro de la policía política (Séptima Brigada Regional de la División de Investigación Social de Zaragoza) y juez desde 1960, titular del juzgado de orden público nº 1 de Madrid (1966-1974), encargado de juzgar a los opositores a la dictadura. Durante unos meses fue Director General de Régimen Jurídico de Prensa (1975). Su último destino, antes de su jubilación forzosa en 1988, fue Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En el 2018 su hermano José Manuel, Comisario jefe del distrito de Ciudad Lineal en Madrid, se le abrió una investigación para averiguar las razones de la presencia del inspector de la Brigada Político Social en el franquismo Antonio González Pacheco—conocido como Billy el Niño y acusado de torturas como invitado al acto del Día de la Policía en la comisaría que él dirige en Ciudad Lineal.
     
  • Ramón Álvarez de Miranda García. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso). Hijo del expresidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernando Álvarez de Miranda. En 1979, con 24 años, se convirtió en el diputado más joven del Congreso por UCd.

Sirva como muestra lo aquí presentado, sin ahondar más, aunque podríamos, en las denuncias públicas sobre la endogamia, las condenas del Supremo y las decisiones que en muchos casos se han considerado arbitrarias o tendentes a salvar a los allegados para hacernos una idea de qué perfil tiene este órgano y hasta qué punto puede que esté actuando, posiblemente de manera prevaricadora, en una campaña política de acoso y derribo al independentismo. Sobre todo ahora que el Gobierno ha apostado por el diálogo y la normalización de las relaciones con el Govern de la Generalitat.

¿Es un órgano realmente independiente o las afinidades políticas pueden confirmar las sospechas planteadas?